Como un "duro golpe" a la clase media panameña calificaron economistas y empresarios la decisión de la Asamblea Legislativa de limitar las ventajas del régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios para viviendas cuyo precio de venta no sea mayor a los B/.25 mil.
Corredores de bienes raíces, promotores de viviendas, bancos, empresarios y sectores de la construcción fracasaron en su lucha para que el Ejecutivo y el Legislativo mantuvieran los intereses preferenciales para viviendas cuyo precio de compra o de construcción este entre los B/.25 mil hasta B/.62.500, medida que favorecía a sectores de la clase media y media baja a obtener una vivienda con una mensualidad razonable.
Ante el vencimiento de la prórroga, el pasado 20 de mayo, de la vigencia de la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales para ciertos préstamos hipotecarios( B/.25 mil hasta B/.62.500) el Ejecutivo y el Legislativo entraron en una discrepancia con respecto a mantener los beneficios de la norma.
El Presidente Ernesto Pérez Balladares amenazó con vetar una iniciativa de algunos legisladores que extendía los beneficios de la Ley actual de intereses preferenciales por cinco años más.
Ante está situación, el Legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de ley presentado por el ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer que prorroga la Ley de intereses preferenciales por cinco años más, pero sólo para viviendas de interés social, cuyo precio de compra o construcción no exceda los B/.25 mil.
Además se incluyó un artículo transitorio que extiende por un año, los beneficios de la Ley anterior a las viviendas cuyo precio de venta este entre B/.25 mil y B/.62.500, cuando el permiso de construcción se hubiese obtenido antes del 22 de mayo de 1999 y el de ocupación se obtenga antes del 22 de mayo del año 2000.
La aprobación de la Asamblea Legislativa resuelve a corto plazo el estancamiento en que se encuentran transacciones hipotecarias por la suma de B/.110 millones de unas 7 mil personas para la adquisición de una vivienda.
Después de mayo del 2000 corresponderá al nuevo gobierno de Mireya Moscoso determinar que decisión tomará con respecto a está legislación.
Economistas y empresarios señalaron que extender por un año los beneficios de los intereses preferenciales para viviendas entre B/.25 mil y B/.62.500 resuelve un problema a corto plazo, pero con muchas interrogantes sociales y económicas para el futuro.
Con respecto a las interrogantes sociales, el economista Juan Jované advirtió que la decisión de no prorrogar por cinco años los intereses preferenciales para las viviendas cuyo valor sea entre B/.25 mil y B/ 62.500 constituye un "duro golpe" a la clase media panameña que quedará excluida de poder obtener una vivienda a esos niveles.
La situación a puesto contra la "espada y la pared" a muchas personas ya que con la Ley actual para una vivienda cuyo costo es de B/.30 mil se requeriría un ingreso familiar de B/.430.00 y se pagaría una mensualidad de B/.213.00 mientras que con los cambios efectuados, la mensualidad para la misma vivienda sería de B/.256.00 y el ingreso familiar aumentaría a B/.500.00.
Los grupos sociales que se identifican como los más afectados son aquellas familias cuyos ingresos oscilan entre los B/.400.00 y B/ 1,600.00 o sea clase media alta y clase media baja.
El director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá manifestó que la decisión del Estado de eliminar el subsidio a los intereses preferenciales sobre ciertos préstamos hipotecarios es parte del modelo económico neoliberal que comienza atacar a los sectores medios.
"Más que pensar en una redistribución del ingreso entre los que reciben más ingresos hacia los que tienen ingresos más bajos se quiere es presionar a los sectores medios", advirtió el catedrático.
Indicó que esa política económica de atacar a la clase media del país es incluso "peligrosa" desde el punto de vista de la gobernabilidad ya que el país necesita de este grupo social para la estabilidad.
Observó que el gobierno panameño continua aplicando una globalización "mal entendida" ya que ha centrado la misma en disminuir la capacidad de educación, vivienda y salud de la clase media.
Jované destacó que con la situación actual la clase media va a "caer en manos de los alquileres" y seguirá con el viejo drama que enfrentan este grupo social de pagar una casa por 20 años sin que nunca lleguen a ser propietarios de la vivienda.
De igual manera apuntó que otra repercusión de la medida es que las familias vivirán más tiempo en una residencia lo que obligará a que numerosas personas habiten en condiciones de hacinamiento una vivienda.
"Hay una tendencia a deteriorar la calidad y el nivel de vida de los sectores afectados", agregó.
El ex ministro de vivienda, Guillermo Quijano apuntó que la medida creará un "freno" a las familias de la clase media y media baja ya que no podrán aspirar a proyectos habitacionales más lujosos.
De acuerdo con el Ing. Quijano esta situación podría crear un "resentimiento social" en ese grupo de panameños que tendrán que aspirar a proyectos habitacionales para segmentos de consumidores más populares.
Para el Ing. Quijano las empresas promotoras de proyectos habitacionales y los bancos tendrán que adoptar nuevas técnicas publicitarias para convencer a los grupos de clase media a que adquieran viviendas entre B/.25 mil y B/62.500 con una mensualidad más alta.
Quijano no observa mayores problemas en ese sentido para las promotoras y los bancos ya que el grupo de personas con salarios superiores a los 2 mil llenarían ese mercado, pero no con la demanda que actualmente hay.
Explicó que existe una demanda casi igual entre los proyectos habitacionales cuyo valor es menor a los B/.25 mil y los que oscilan entre B/25 mil y B/.62.500.
Lo que sí preocupa al ex ministro de Vivienda es el "caos económico" que podría ocasionarse en el sector de la construcción con la baja de la demanda en la construcción de proyectos para este grupo de panameños.
"La industria de la construcción, debido a la cadena económica que encierra puede acelerar la economía de un país o igualmente puede hacerla retroceder", advirtió el accionista de la promotora SUCASA.
Mientras tanto, Juan Jované advirtió que Panamá no puede darse el lujo de que si la crisis internacional ya estancó un sector importante como la Zona Libre de Colón estancar un segundo sector fundamental como la construcción por la aplicación de una mala política económica local.
"Se está golpeando al sector construcción justo en el lugar que le va doler ya que los proyectos habitaciones de lujo están saturados en Panamá y lo que tienen más demandas son los que oscilan entre los B/.22 mil hasta los B/.60 mil", agregó Jované.
El Estado basa su negativa de prorrogar la Ley de intereses preferenciales en el hecho de que los bancos ganan sumas muy altas y pagan pocos impuestos, lo que representa un sacrificio fiscal para el gobierno de alrededor de B/.12 millones al año.
No obstante, el economista Jované advirtió que el Estado no puede perder su función de redistribuir el ingreso, incluso por la estabilidad del país.
"El Estado no puede dejar caer en el vacío a los sectores medios", señaló Jované al tiempo que advirtió que con el mismo pretexto de los intereses preferenciales se podría elevar los costos de la matrícula en la Universidad de Panamá y los servicios de salud en los hospitales.
Indicó que si hay evasión de impuesto, el gobierno debe comenzar a llenar esas "lagunas fiscales" y no romper la cuerda por lo más delgado.
Jované propone que para que el gobierno tenga una política social debe aplicar medidas de austeridad que incluyan la reducción de altos salarios en el Estado, la disminución de asesores, así como combatir la corrupción.
En tanto, el ex ministro de Vivienda, Guillermo Quijano denunció que el Ejecutivo habla de una sacrificio fiscal de 12 millones, pero lo que no dice es cuánto recibe por el movimiento de la economía que generan esos proyectos habitacionales.
Lo que el Ejecutivo no dice es los 3 a 4 millones de dólares que va a dejar de recibir en pago de impuesto por la eliminación de los intereses preferenciales para las viviendas entre B/25mil y B/.62.500, denunció Quijano.
¿QUE SON LOS INTERESES PREFERENCIALES?
Intereses preferenciales no son nada más que una especie de subsidio para un grupo de personas en particular con el objetivo de que obtengan facilidades para adquirir o cubrir alguna necesidad y entre las necesidades básicas más difíciles y costosas de cubrir por el ser humano está la vivienda.
En el caso que nos ocupa, los intereses preferenciales están destinados a beneficiar a personas de la clase media y baja para que puedan acceder a la compra de una vivienda.
La única vía que tienen las personas de estos grupos para acceder a la compra de una vivienda es por el crédito o sea por medio de una hipoteca o préstamo hipotecario que lo otorgan las entidades bancarias.
El Estado subsidia una parte de los intereses que tiene que pagar la persona por el préstamo hipotecario de acuerdo a las estimaciones que haya en el mercado local.
De acuerdo con esas estimaciones el Estado cubre una parte de los intereses del préstamo hipotecario y el prestatario la otra para que pueda acceder a una vivienda.
Corresponde a la Superintendencia de Bancos determinar la tasa de referencia del mercado local para los préstamos hipotecarios preferenciales.
A efectos de calcular la tasa de referencia, la Superintendencia de Bancos obtendrá, mensualmente, de la Caja de Ahorros y de los cinco bancos privado que tengan las mayores carteras de préstamos hipotecarios residenciales, la información acerca del tipo de interés que cada uno de ellos haya cobrado en el último mes.
La tasa de referencia equivaldrá a un cuarto del punto porcentual más cercano, de los intereses cobrados por tales instituciones sobre dichos préstamos.
La Ley 3 del 20 de mayo de 1985 estableció un régimen de intereses preferenciales para ciertos préstamos hipotecarios. La legislación fue dictada durante la administración de Nicolás Ardito Barletta. El ministro de Hacienda y Tesoro, era Menalco Solís.
Posteriormente, mediante el Decreto 58 del 8 de julio de 1985 se reglamentó la Ley 3 de 1985.
Por iniciativa presentada por la legisladora suplente, Mary Alfaro de Villageliú, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 11 del 26 de septiembre de 1990 por la cual se prorrogó por cuatro años el régimen de intereses preferenciales.
Al vencer la Ley 11 de 1990, el legislador Miltón Henríquez presentó otra iniciativa para prorrogar la vigencia de los intereses preferenciales por cinco años más, incluyendo viviendas cuyo valor oscile entre B/.25 mil y B/.62,500.
La iniciativa del legislador Henríquez fue aprobada mediante la Ley 5 del 17 de mayo de 1994.
Está segunda prórroga a la Ley de 1985 se venció el pasado 20 de mayo de 1999.
La actual Asamblea Legislativa aprobó prorrogar por tercera vez la Ley 3 de 1985 con dos modificaciones: limitar los intereses preferenciales para viviendas cuyo valor no sea mayor a los B/.25 mil. La prorroga para estas viviendas se aprobó por cinco años más.
Igualmente, se extendió sólo hasta mayo del 2000 los intereses preferenciales para viviendas cuyos costos sean superiores a los B/.25mil, pero que no excedan de B/.62.500.
La aprobación de la prórroga a la Ley 3 de 1985 con las modificaciones mencionadas anteriormente que incluye un artículo transitorio permite que aquellas personas que tienen o quieren adquirir una vivienda de 25 mil dólares, de 40 mil dólares o hasta 62 mil 500 dólares tienen hasta el 22 de mayo del año 2000 para poder hacerlo.
Dicha norma destaca que los proyectos de construcción de vivienda que se les haya expedido permiso de construcción con fecha anterior al 22 de mayo de 1999, y que además obtengan permiso de ocupación antes del 22 de mayo del año 2000 podrán acogerse a la Ley anterior.
La Ley anterior incluye los intereses preferenciales para préstamos hipotecarios cuyas viviendas tengan un valor de compra o de construcción entre los 25 mil y 62,500 dólares.
Las empresas que emiten hipotecas, bancos y promotoras de viviendas o constructoras, tienen que perfeccionar este documento hipotecario con fecha hasta el 22 de mayo del 2000.
En cuanto a la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a la misma (tramo preferencial que cobra el acreedor sobre cada uno de los préstamos hipotecarios), se establece que no podrá exceder de cinco puntos porcentuales en los primeros años de prórroga, ni de 4% en los dos siguientes años de la prórroga ni de 3% en el último año de la prórroga en los préstamos para viviendas cuyo precio sea hasta B/.25 mil
