A pesar de que la privatización de las empresas de utilidad pública se promocionó como un paso necesario que formaba parte de los procesos de globalización, la cual era la única salvación de las desgastadas y poco productivas entidades estatales como el INTEL y el IRHE, la experiencia de los panameños con este proceso no ha sido precisamente la mejor, lo que ha provocado fuertes protestas para evitar que el IDAAN también pase a manos particulares.
Después que muchos ciudadanos han comprobado cómo sus cuentas telefónicas, preparadas ahora por Cable & Wireless, han pasado de B/.10.50 a B/.40.00 por mes, las expectativas que se tienen con el suministro y cobro del servicio de energía no son las mejores, sobre todo porque a menos de un mes ya los nuevos operadores han anunciado reajustes en las tarifas.
Recientemente la Empresa de Distribución de Chiriquí y Elektra Noreste bajaron sus tarifas en 0.9% y 1.3%, respectivamente, no obstante la compañía Metro Oeste subió las suyas en 1.6%.
Estos ajustes, que algunas veces favorecerán a los usuarios y otras lo perjudicarán, según el Ente Regulador se realizarán cada seis meses y de acuerdo a Rodolfo Benítez serán a partir de la privatización "el pan nuestro de cada día".
Benítez es el representante Interamericano de la Internacional de Comunicaciones, agrupación sindical que cuenta con más de 5 millones de miembros en las áreas de telecomunicaciones y electricidad. En este último sector representa a más de 180 mil trabajadores y ha participado directamente en la privatización de las empresas eléctricas en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Según Benítez, actualmente ocurre algo muy peligroso en la venta del sector eléctrico, debido a que en la mayoría de los países donde se ha privatizado el servicio están ocurriendo fallas técnicas que ocasionan grandes pérdidas a la población y la industria, sin que el servicio haya mejorado.
Citó el caso de Buenos Aires, Argentina, donde la empresa chilena Enersis fue responsable por un apagón que duró más de 10 días, por descuidar el mantenimiento de los equipos, ocasionando que los mismos colapsaron.
Además cuando ocurrió la tragedia, no había ningún técnico capacitado para reparar los daños.
Igualmente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, hubo un apagón, atribuido por la empresa Light a un "rayó que cayó en un día sin lluvia", el cual demoró cerca de una semana en repararse.
Por su parte Chile vive en estos momentos el racionamiento de energía más grande de su historia, debido a que la compañía Endesa no ha podido encontrarle solución a dos años de sequía, sin embargo, las facturas no han disminuido.
Para el sindicalista, lo extraño de todos estos casos es que se producen precisamente cuando las empresas que antes eran estatales pasaron a manos privadas, ya que antes, a pesar de que el servicio presentaba problemas, era bastante confiable.
Benítez explicó que la experiencia vivida en Sur América y parte de Centroamérica demuestra que las compañías eléctricas simplemente vienen a ganar dinero y le prestan poca atención a la parte técnica.
Recalcó que en el caso de Panamá ya las nuevas operadoras han señalado que el pasivo laboral de los trabajadores que se les traspasó, es mucho mayor al que se les explicó y las indemnizaciones han subido mucho más de lo que ellos habían calculado.
Para el representante interamericano de Internacional de Comunicaciones, si ellos (las empresas) tienen que pagar más de lo que habían pensado, es lógico pensar que este costo adicional lo tendrá que asumir los usuarios, "porque el Gobierno no cargará con esta responsabilidad".
Lamentablemente, dijo, la venta de electricidad es una cadena donde el último eslabón es el consumidor, que finalmente tiene que cargar con todos los gastos adicionales que tiene la empresa.
PRIMERAS ACCIONES
Benítez recalcó que el primer paso que dieron las empresas eléctricas en Panamá fue despedir al personal más antiguo, que conoce las plantas y los sistemas de cableado y contratar empleados bajo el sistema de subcontratos.
El problema con esta situación es que se recluta personal con poca experiencia, lo que puede provocar un colapso del sistema en un momento determinado, tal como sucedió en Argentina.
Explicó que en Panamá, despidieron a casi todo el personal de las Hidroeléctricas Bayano, Fortuna y Chiriquí, incluyendo a los encargados de limpiar los embalses de las represas, lo que significa que hay grandes posibilidades de que en cualquier momento un escombro sea absorbido por las turbinas y se corte el fluido eléctrico
En su análisis, Benítez sostuvo que a diferencia de las telecomunicaciones, el precio de la electricidad está sujeto a una diversidad de cambios naturales y económicos como lo son las sequías, el precio del petróleo y el valor de las refacciones del equipo generador.
Agregó que todas las privatizaciones del sector público están estructuradas en el concepto de negocios y esto implica que cuando sea necesario, las empresas aumentarán sus tarifas para mantener sus ingresos y recuperar su inversión en el menor tiempo posible.
Precisó que no existe ninguna forma en que el Ente Regulador, por no ser una entidad técnica, pueda decirle a una empresa que no pueden subir sus tarifas porque sus costos de operación no lo ameritan.
Por lo tanto, sólo buscará la forma de que los costos no se disparen de una forma alarmante, no obstante la parte técnica estará bajo estricto control de las empresas.
Destacó que mientras no exista una regulación que le exija a los nuevos operadores plazos para lograr determinadas mejoras y controles, no habrá forma de saber si el servicio ha logrado cambios substanciales.
