$2 millones en morosidad ambiental

AL PARECER en Panamá los delitos contra el medido ambiente no son considerados como faltas graves, pues las personas que son sancionadas no se preocupan por pagar las multas.
En los últimos años este poco importa ha provocado que hoy día las multas no pagadas por estos delitos alcancen los 2 millones de dólares.
Las sanciones son impuestas, en su mayoría, por la remoción no autorizada de cobertura vegetal, es decir, cortar un árbol sin el permiso adecuado. Para estos casos las multas van desde los $100 hasta los 5, 000 dólares, dependiendo del tamaño y especie de la vegetación.
Por esto es que ante la negativa por parte de las personas de pagar las multas ambientales, el año pasado se instauró la figura del juez ejecutor, adscrito a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Este funcionario tiene la capacidad de incautar bienes a los morosos para hacer efectivo el cobro de las sanciones. Hasta la fecha se han recuperado 80 mil dólares y se mantienen secuestrados otros bienes valorados en 100 mil dólares.
Una vez impuesta la multa, la persona tiene hasta cinco días para apelar la decisión e interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, esta acción no detiene el proceso de secuestro.
Ligia Castro de Doens, administradora de la ANAM, explicó que a la institución no le interesa secuestrar bienes, sino que las personas cancelen sus deudas.
"En los dos últimos años se dio libertad para que se hicieran arreglos de pago, pero ante la poca respuesta hemos comenzado a secuestrar propiedades y bienes", agregó.
Informó que en los próximos 90 días se publicará en los medios impresos el calendario de un lote de propiedades secuestradas que serán rematadas.
Para los grupos ambientalistas, las autoridades debieran publicar los nombres de las personas que se niegan a cancelar su deuda por ocasionar daños al ambiente, y además piden que los procesos sean más ágiles para crear una conciencia de responsabilidad ambiental.
La multa más alta que puede imponer la ANAM es de un millón de dólares, y solamente ha sido aplicada una vez, en el caso de los promotores de la urbanización Prados del Este quienes no cumplieron con los estudios de impacto ambiental, lo que provocó inundaciones en esa zona que dejaron pérdidas por 12 millones de dólares.
Ley No.41 de julio de 1998, que creó la ANAM, establece que en casos de daños irreversibles a los ecosistemas naturales el Consejo Nacional del Ambiente, conformado por el ministro de Economía y Finanzas, Salud y de la Presidencia, podrá imponer multas de 10 millones de dólares. Hasta la fecha no se ha impuesto esta sanción.
De acuerdo con el asesor legal de la ANAM, Harley Mitchell Morán, las personas piensan que al tener un estudio de impacto ambiental tienen derecho a cortar un árbol, desconociendo que la ley establece que se requiere de un permiso adicional. Las faltas de este tipo se registran mayormente en las provincias de Darién, Los Santos, Herrera y en la comarca Ngöbe Buglé.
Además de las sanciones monetarias, las fiscalías ambientales pueden pedir penas de seis meses a tres años de cárcel a quien degrade o contamine áreas naturales, y produzca o almacene sustancias peligrosas sin cumplir con las normas sanitarias.