Los subsidios e incentivos se han convertido en el soporte del sector industrial. Y es que ya desde hace más de 50 años que desconocen lo que es producir y vender sin leyes especiales.
Lo anterior pone en tela de duda, para muchos, si el sector logrará alguna vez la competitividad necesaria ante la apertura comercial.
La carrera contra el tiempo comenzó para los industriales, ya que en el 2005 todos los beneficios fiscales otorgados por las administraciones pasadas desaparecerán, según lo establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
No obstante, aún los industriales tienen un as bajo la manga, porque la OMC no prohíbe los incentivos a la producción.
Apoyados en esto último, los industriales plantean la necesidad de crear un Certificado de Fomento Industrial (CFI), por medio de una nueva Ley. ¿Será un nuevo incentivo fiscal disfrazado?
El objetivo, es incentivar el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria, mediante el otorgamiento de beneficios dirigidos a promover la inversión y mejorar la competitividad de la producción nacional.
El propósito fundamental es lograr mayores posibilidades para competir en un mercado abierto con nuevos esquemas de comercio, e incrementar la fuerza laboral.
Como siempre ocurre, lo anterior se traduce en menos cobros de impuestos para este sector, como han indicado analistas en distintas ocasiones.
Según establece el proyecto, para que las empresas puedan beneficiarse con esta iniciativa y optar por el CFI, deben invertir un capital de dinero en algún proyecto prometedor.
De las utilidades o ganancias que la industria generen en un período no mayor de 8 años, que es la vigencia que tiene el certificado, el Estado le reconocerá un 35%.
Es decir, que si la empresa genera ganancias mayores a lo invertido, el Estado le otorga un 35% sobre esas utilidades. Igualmente si las ganancias son menores se le reconoce igual porcentaje.
Ahora bien, el proyecto dejaría establecido que si la empresa hace una inversión poco provechosa y no generan ganancias, pierde el incentivo, según explicó Rafael Stanziola, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), entidad que ha estado detrás de este proyecto de ley.
El beneficio fiscal puede utilizarse para el pago de todos sus impuestos nacionales, tasas y contribuciones causadas durante el período fiscal que contó con el CFI.
El texto redacta que los industriales sólo pueden invertir en las áreas de investigación y desarrollo, en gestión de calidad medioambiental, capacitación de recurso humano, inversión en utilidades e incremento en compras de productos nacionales.
A esto se le añade, que las empresas que efectúen un incremento en la planilla de producción, gozarán de un beneficio de un 35% de reintegro del incremento de la planilla de producción mediante el CFI, según explica el proyecto.
En pocas palabras, esto quiere decir que el Estado le pagaría a la empresa el porcentaje antes mencionado por incrementar su planilla.
Sin embargo, Gaspar García de Paredes, vicepresidente del SIP explicó que para hacerse acreedores anualmente de este beneficio, deben demostrar que han generado utilidades al cierre del año fiscal de la empresa.
"Al Estado le interesa que disminuya el desempleo, y que también se tribute y consuma más" acotó García de Paredes.
El proyecto no establecería que las empresas deban ser rentables, pero la forma en que opera el certificado, establece que el proyecto debe generar ganancias, si no se pierde.
Para el economista Enrique Ho, no tiene sentido que se cree una ley de fomento industrial, porque se seguiría cargando al sector, que a pesar de los múltiples beneficios y proteccionismo no ha arrojado números tan alentadores para la economía.
Algo que deben tener presente antes de aprobar una ley de este tipo, es ver los resultados que han traído instrumentos como los Certificados de Abono Tributarios (CAT), u otros subsidios a los que se han acogido los industriales durante estos últimos años, explicó Ho.
"Los subsidios no son el mejor mecanismo para incentivar la economía. Acepto que son útiles para promover metas económicas y hay momentos en donde es necesario emplearlos" añadió Carlos González Ramírez, consultor de Arden and Price.
Lo cierto es que el cambio en la forma de producir en ese sector ha sido desfavorable, produciendo en menores cantidades y la mano de obra ha disminuido en los últimos años.
González Ramírez, expresó que no se puede justificar un subsidio por falta de competitividad, ya que esto no es viable.
Agregó que el tema de la competitividad es un problema de la empresa, pues lo que le interesa al Estado es que haya crecimiento económico que genere empleos.
La pregunta entonces es ¿qué garantiza que los Certificados de Fomento Industrial (CFI), traerán mayores inversiones y harán que la industria crezca como sector económico en el país?
Al momento existen muy pocas garantías, si se toman en cuenta los resultados del pasado, según el economista Ho. Más importante es lograr reducir los costos de producción.
Para lograr este propósito es necesario disminuir los precios de la energía eléctrica, aumentar la productividad de la mano de obra y, a su vez, encontrar un mecanismo para reducir los costes de la tramitología y burocracia.
En tanto, González Ramírez anota otros ingredientes para ser más competitivos en el mercado internacional como por ejemplo: facilitar la exportación, es decir, simplificar las operaciones, un mejor entrenamiento, y elevar la calidad de la educación.
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