Argumento
- 70% podría debilitarse la competitividad de la economía de servicios de Panamá.
- 50 Estados de EE.UU. aseguran que forman corporaciones no identificadas.
Tres años desde la entrada en vigor de la Ley 568 tendrán los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad, para ser entregados a un custodio autorizado, asumiendo que sea aprobado el proyecto de ley que polemizó a gremios, ejecutivos y empresarios.
Tomando en cuenta que la ley entraría en vigor en dos años a partir de su aprobación, las empresas aún dispondrían de este tiempo para continuar registrándose en calidad de sociedad anónima, sin necesidad de un custodio autorizado.
Posteriormente, estas tienen tres años más (a partir de la entrada en vigencia de la ley) para entregar los certificados de acciones a un custodio nacional o extranjero. Es decir, las empresas podrían permanecer en calidad de sociedad anónima por aproximadamente cuatro o cinco años, dependiendo de la fecha de su registro.
Sin embargo, las sociedades registradas a partir de la entrada en vigencia de la ley deben contar desde un inicio con un custodio autorizado.
Según la propuesta, que ha encendido el debate sobre las implicaciones que tendrá para esta economía, en el país podrán actuar como custodios locales autorizados los bancos de licencia general y fiduciarias establecidos en la República de Panamá, regulados por la Superintendencia de Bancos. Así como casas de valores y centrales de valores debidamente establecidas y reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores y aquellos abogados que se encuentren inscritos ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
Los custodios extranjeros y locales autorizados deberán ser publicados en el portal web de la autoridad competente, según dicta el proyecto de ley presentado.
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó este jueves, en segundo debate, el proyecto de Ley N.° 568 , legislación que propone un marco acorde con los estándares internacionales, lo que brindará seguridad a los inversores nacionales e internacionales, previniendo la inclusión de Panamá en listas discriminatorias, según explican los simpatizantes del proyecto.
Andrés Fuentes De León, secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtió que el proyecto es parte de los compromisos adquiridos por Panamá al integrarse al Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información.
Fuentes De León agregó que de no cumplirse con este acuerdo, al país le podrían aplicar severas medidas por parte de entidades financieras internacionales y las naciones miembros del Foro Global Sobre Transparencia e Intercambio de Información.
El proyecto de ley establece la adopción de un régimen que permite preservar las acciones al portador mediante la custodia de sus certificados de manera privado.
La finalidad de la normativa es poder tener certeza de quién es su propietario en casos concretos, sin afectar su libre circulación, de manera reservada.
Fuga de capitales
Sin embargo, el expresidente del Colegio de Abogados Rubén Elías Rodríguez señaló que más que hacer un bien al país, se está cometiendo un error “por obedecer a una organización que no cuenta ni siquiera con la calificación de organismo internacional”.
“Esto va a traer que se congregue una cantidad de organismos que quieran venir a exigirle luego a Panamá cambios en su legislación”, indicó Rodríguez, quien agregó que la aprobación de esta ley podría conllevar “fuga de recursos”.
Con esto hizo referencia a empresas que podrían desistir de su establecimiento en Panamá por no simpatizar con el hecho de que se sepa quiénes son los dueños finales de las acciones, aunque “sean empresas lícitas”.
Por su parte, el administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, Luis Cucalón, aclaró que “no debe haber ningún problema con la economía de Panamá, quizás sí con algunas firmas de abogados que se pasan vendiendo compañías panameñas con acciones al portador, como parte de ingenierías fiscales para evadir impuestos en otros países”.
Cucalón agregó que estas ventas responden a que estas transacciones no afectan ni pagan ningún impuesto en Panamá, así como tampoco las facturas de dichos abogados, por lo que “puede que su bolsillo se vea afectado” con la aprobación de la ley.
A propósito de estas aclaraciones que se han venido dando desde que el proyecto de ley se aprobó en primer debate en la Asamblea Nacional el pasado martes, las opiniones sobre los compromisos exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hacia Panamá, por ser parte, desde el 2009, del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, han sido bastante críticas.
Internacionales
Aunque el director del Centro de Desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini, dijo ayer a EFE, en el marco de la inclusión del istmo como miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE, que “por ahora no se ha previsto específicamente un estudio de transparencia financiera a Panamá, pero no se descarta”.
Según Cucalón, la inmovilización de las acciones al portador es parte de las exigencias del Foro Global desde 1997. No obstante, la bancada opositora a la ley emitió, en su informe de minoría, que así como lo informaba el senador estadounidense Carl Levin, “en Estados Unidos se siguen formando millones de empresas con propietarios ocultos”.
Entretanto, Rodríguez catalogó los requerimientos a la intención de destruir el Centro Bancario Internacional de Panamá para trasladarlo a localidades de EE.UU. como el de la Florida o Delaware, el cual no cuenta con “sistemas de conocer al cliente”.
Sin embargo, asesores de la Asociación Bancaria concluyeron que “las implicaciones económicas hacia el país no son significativas”; por esto, reafirman su postura en que la entrada en vigencia de la ley debía ser más corta, dijo el directivo de la Asociación Bancaria, Rolando J. de León.
