La estructura de financiamiento planteada por las autoridades de turno, que serviría para adquirir los corredores Norte y Sur a un precio de $1,070 millones, ha dejado con un signo de interrogación a varios miembros del sector empresarial, inclusive en las mentes del panameño "de a pie".
Y es que a pesar de que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, ha explicado en reiteradas ocasiones que los $970 millones -monto de la emisión de bonos en el mercado doméstico para adquirir el 100% de las acciones de PYCSA e ICA- no aumentaría el valor de la deuda pública del país, la percepción que deambula por las calles es otra.
En el peor de los escenarios, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo registraría como un pasivo contingente, destacó Dulcidio De La Guardia, durante su participación en el XI Foro de Inversionistas.
Contabilidad creativa. Pero en castellano, ¿qué implicaciones tiene catalogar una deuda como contingente?
Aplicando el término, lo que se trata es de separar el compromiso que el Estado pretende adquirir con la compra de los corredores, del registro contable que mantiene la deuda pública, explicó el economista Adolfo Quintero.
A su juicio, el as bajo la manga que guardan las autoridades (estructura de financiamiento) no la aceptará el FMI y mucho menos las calificadoras de riesgo, puesto que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) estaría amparada bajo el paraguas gubernamental.
Incluso, la creación de esta oficina necesitará contar con un presupuesto propio, lo que provocaría una distorsión en la partida del próximo año. Por ende no queda otra que incurrir en nuevos financiamientos externos para solventar las cuentas, enfatizó.
Para balancear la nota, Calle 50 trató de contactar a la persona encargada de evaluar este tema en el FMI, no obstante, al cierre de esta edición no se recibió ninguna respuesta.
Nivel de endeudamiento. Entonces de los argumentos expuestos por Quintero podemos deducir que de una u otra forma esta transacción elevaría los niveles de la deuda pública, que al cierre de la actual vigencia fiscal se ha planteado en $11 mil 300 millones.
La otra cara de la moneda tampoco es alagadora, pues la hipótesis planteada por Mahesh Khemlani, director de Crédito Público del MEF, es que el próximo año la deuda pública cerrará en $11 mil 900 millones, o sea un incremento de 5% si se compara con igual periodo de 2010.
Teoría que queda en tela de duda para algunos economistas si se toma en cuenta la ambiciosa agenda quinquenal de inversiones en infraestructura. Pero aún más cuando analistas vinculados al sector empresarial añaden hipotéticamente el gasto que representa comprar los corredores, estaríamos hablando de una deuda pública superior a los $12 mil 870 millones en el 2013.
Docencia. Retomando la presentación que realizó De La Guardia frente a la cúpula empresarial de Panamá, este detalló que mediante una inversión inicial de $100 millones el Estado adquirirá el 100% de las acciones de los concesionarios PYCSA e ICA.
Una vez el ejecutivo sancione el proyecto por la cual se crea la ENA, será precisamente allí donde se depositará este capital semilla.
Los $970 millones faltantes se lanzarán al mercado bursátil bajo la figura de bonos, a través del fideicomiso Norte Sur que se le concedió a Citibank y administrará la ENA.
Recordó que el precio de venta acordado del Corredor Norte fue de $650 millones, de los cuales se les pagará $300 millones en efectivo y el resto ($350 millones) en bonos.
Mientras que el Corredor Sur será cedido al Estado por un precio establecido en $420 millones, pagaderos en efectivo.
“El monto acordado representa menos del 60% del valor de rescate de ambas autopistas”, señaló el funcionario.
Para profundizar más sobre el posible registro de la deuda contingente, explicó que $550 millones serían contabilizados como deuda sin el aval de la República.
Esto es el resultado de la emisión bursátil que se estará lanzando al público a través de la Bolsa de Valores de Panamá por $200 millones, y el monto que asumirá PYCSA en instrumentos negociables por $350 millones, para sufragar parte de lo que cuesta comprarles el corredor Norte.
La gran pregunta. Evidentemente esta premisa no fue lo suficientemente consistente, ante las inquietudes que salieron a relucir durante el periodo de preguntas y respuestas.
Una de ellas ¿cómo se va a costear el mantenimiento de ambas autopistas una vez se finiquite el compromiso de la deuda y estos reviertan al Estado en el 2020?
Ante esto De La Guardia respondió que en el proyecto de ley en el que se plantea la creación de ENA, se estableció que una vez se extinga la deuda financiera que se utilizó para comprar los corredores, será el Estado el encargado de asumir los costos de operación y mantenimiento.
Entonces, ¿de dónde se proyecta que sacará ese dinero? He allí el dilema.
Bajo ese supuesto, hasta aquí nos queda claro que para pagar los mil 70 millones de dólares que cuesta comprarles tanto al concesionario PYCSA, el corredor Norte, como a ICA, el corredor Sur, -y que a su vez estos sean gratuitos en el 2020-, en cierta medida esta transacción podría llegar a tocar puntos neurálgicos de las finanzas públicas aunque las autoridades vaticinen todo lo contrario.
Sobre la estructura jurídica, lo que aún no termina de comprender la economista Irene Jiménez, de la firma Goethals Consulting, es cómo se va a ejecutar el plan propuesto sin recurrir en un crédito puente. “En mi interpretación, debería suceder esto último para ingresar las acciones al fideicomiso de las dos empresas, para luego poder emitir los bonos como se ha planificado”.
Jiménez agregó que si bien es perfectamente entendible que con estos contratos debía hacerse algo dada la estructura jurídica viciada bajo el cual se firmaron, pero ¿no hubiera sido mejor anularlos y llamar a una nueva concesión o directamente venderlos?
“Siempre es mejor administrado un dólar en manos privadas, que en los mejores gestores públicos”, expresó.
