A partir del lunes, y en un periodo de 15 días hábiles, los dueños de establecimientos que compran chatarra podrán hacer sugerencias al nuevo reglamento que regula esta actividad.
Ante el aumento del robo de cables para extraerle el cobre, las autoridades emitieron el Decreto Ejecutivo N° 74 del 27 de septiembre de 2006, en el cual se establece una multa de $10 mil a las empresas que compren material robado.
Además, los comercios que violen el citado decreto corren el riesgo de perder su licencia comercial.
Ahora, antes de cerrar una venta, estos establecimientos deben solicitar al vendedor su nombre completo, número de cédula, entre otros datos personales.
Esta semana el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, se reunió con dueños de locales para explicarle el contenido del decreto 74. Al final de la reunión, los comerciantes solicitaron a Ferrer la realización de otro encuentro para no dejar ningún detalle suelto y así contar con una legislación que cuente con el aval de todos los involucrados en este negocio.
En el marco del seminario sobre capacitación marítima, Panamá y Taiwán firmaron un convenio para ofrecer capacitación sobre ingeniería marina y manejo de seguridad de los buques.
De igual manera, mostraron interés en llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas para también ofrecer maestrías para la conservación de las especies del mar.
En la marina mercante de Panamá trabajan 300 mil marinos, de los cuales 200 son filipinos.
El registro de buques le aportan al fisco cerca de 55 millones de dólares al año. La licencia de marinos y capitanes representan 15 millones de dólares.
