Hace unos días, Panamá América reveló un caso donde más de 50 consumidores se habían visto afectados por información presuntamente "ficticia", donde una empresa reportó a la Asociación Panameña de Crédito (APC) abonos a cuentas que estarían a punto de prescribir.
Por este caso, que fue llevado ante la Autoridad de Protección al Consumidor y la Libre Competencia (Acodeco), se multó a la empresa al pago de B/5,100 por cada queja, lo que daría un total de B/314,000 a favor del Estado, la que luego fue cambiada a B/7,200.
Esta acción fue explicada como "economía procesal" y Nadia Concepción, jefa encargada de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor de Acodeco, detalló que en situaciones de este tipo el interés de la institución no "es lucrar", y añadió que "lo que buscan es darle tramite con brevedad a las quejas que interponen los consumidores".
En estos casos, la Acodeco decidió favorecer a los consumidores aplicando el concepto de "duda razonable", ya que los recibos que presentó la empresa implicada eran de montos menores a un balboa.
Concepción amplió que en estas ocasiones lo que la institución busca, en primera instancia, es que se elimine la referencia que está en duda de la APC por medio de la mediación entre esta institución y la empresa, y con esto, añadió, "se le da una respuesta efectiva al consumidor".
En relación con el tema del cambio de la multa, Concepción reiteró que "el consumidor no maneja realmente si aquí se le va a sancionar al agente económico, sino que busca una respuesta efectiva, como lo es la corrección de su historial de crédito".
