Los supermercados se declararon en rebeldía ante los nuevos dispositivos de la clasificación de la carne por considerarlos ilegales y antidemocráticos. Tal es el resumen de las opiniones contrarias que han surgido en los diversos sectores que conforman a la cadena agroalimentaria de la carne, tras el reciente anuncio de su clasificación bovina que le permitirá al consumidor conocer la calidad a partir del próximo 27 de julio.
La Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá, (ACOVIPA), denunció que la clasificación que pretende implementar la Comisión Nacional de Carne suscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se está llevando a cabo de forma "ilegal", toda vez que en otros países se realiza de forma democrática.
"Aquellas personas que quieren sujetarse a la clasificación lo pueden hacer, pero en Panamá, existe una imposición, que ha sido la dinámica implantada por el gobierno en hacer leyes para tratar de instrumentar una serie de medidas que van en contra de la globalización y, sobretodo, en contra del sector comercial del país ante una economía que actualmente está en crisis", advirtió Iván Ríos, presidente de ACOVIPA.
El presidente de ACOVIPA añadió que la clasificación de la carne en la forma que se está desarrollando, se quiere implementar mediante una ley, sin tomar en cuenta aspectos como el tipo de ganado, edad, y corte, y no clasificar solamente hembra y macho.
Por su lado, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Carne, César Ayala, explicó que supermercados y distribuidores de carne deberán a partir del 27 de julio tener a la vista el tipo de letra que identifica a cada corte y tipificación de carne respectiva dependiendo de su edad y calidad.
Ayala, detalló que ya se ha enviado la notificación a la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Comercio Exterior y Cuarentena, para que se le informe a los países exportadores de carne que iniciada la clasificación de carne, "toda carne que se importe deberá estar clasificada desde su país de origen.
Para los centros distribuidores de carne bovina, que incumplan con la clasificación de la carne, podrían ser sancionados con multas que ascienden hasta los B/. 10 mil, y para los reincidentes el cierre de sus negocios.