Orden
- “Ninguna ocupación o construcción en la finca 196273 está autorizada, y por tanto, todo ocupante en ella carece de título justificado de ocupación”, declaró Oscar Vallarino, vicepresidente de Gestión Corporativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el 2013 cuando se iniciaron las órdenes de desalojo para los ocupantes de los hangares.
Unos 30 subhangares ya han sido desalojados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de los llamados hangares de Diablo, según informó el vicepresidente de Gestión Corporativa de la ACP, Oscar Vallarino.
Sin embargo, el ejecutivo de la administración del Canal aseguró que continúan las labores para el desalojo total de los ocupantes de la zona que debe estar al servicio de los panameños y no de un grupo de ocupantes que “han tomado estas tierras para usos diferentes a los de taller y estacionamiento de botes”.
De acuerdo con las declaraciones de Vallarino, los ocupantes estarían reclamando una indemnización por las bienhechurías realizadas en el lugar, sin embargo, la ACP se ha negado a llegar a un convenio con ellos, alegando que son tierras del Estado “de las cuales estas personas no mantienen títulos de propiedad”.
Contrario a la petición de los moradores, la ACP ha ordenado también la remoción de cualquier levantamiento de estructuras que se haya realizado en el área, ya que no ha autorizado ninguna construcción.
Aunque no existe un plazo ni fecha límite para el desalojo, Vallarino aseguró que se está llevando el debido proceso a través del Ministerio Público.
El representante de Gestión Corporativa de la ACP ha reiterado en varias oportunidades que dentro de los hangares se encuentran casas, discotecas y hasta una especie de hotel.
Además, los hangares están siendo subarrendados durante unos 14 años, tiempo en el que la ACP asegura que las personas beneficiadas de este lugar no han pagado ni un centavo ni a esta autoridad ni a ninguna entidad.
Vallarino comentó que inicialmente estos hangares habían sido creados con la intención de almacenar y reparar los botes de los residentes norteamericanos que habitaban la zona.
Actualmente, los ocupantes cobran hasta 5 mil dólares por el alquiler de los ‘subhangares y no pagan ningún impuesto’.
No obstante, las personas residentes en estos lotes alegan tener más de 40 años habitando la zona, razón por cual catalogan de ‘arbitraria’ la decisión de la ACP, la cual fue tomada desde mediados del año pasado.
Vecinos de Diablo
Asimismo, los residentes de la zona han manifestado que esta decisión acabaría con centros de recreación y esparcimiento.
Vallarino, vicepresidente de gestión corporativa de la ACP, aseguró que los procesos que se realizan contra los habitantes de los hangares no afectarán a la comunidad residente de la zona de Diablo.
“Algunos vecinos han querido hacer ver que vamos a desalojar a los moradores de toda la comunidad de Diablo y esto no es así”, comentó.
