HERIDA DE muerte quedará la industria de la reforestación en Panamá si se aprueba tal como está el paquete de reformas fiscales presentado por el presidente Martín Torrijos.
En el artículo 76 del documento, que contiene las modificaciones al sistema tributario nacional, se derogan una serie de leyes entre las cuales está la Ley N° 24 del 23 de noviembre de 1992, que reglamenta la actividad de la reforestación y crea incentivos para esta industria.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), Beatriz Harrick, con la eliminación de la Ley 24 la industria quedará en un limbo jurídico y se perderán millones de dólares.
"No solamente estarán en peligro los 400 millones de dólares que existen actualmente en inversión, sino los 25 millones de dólares que inyecta la industria en las áreas de extrema pobreza donde se realizan los proyectos".
La ley de incentivo promueve las plantaciones de tal manera que el flujo negativo en los primeros años de inversión no sea tan fuerte, porque en esta industria durante los primeros años no se percibe ningún tipo de ganancia.
El inversionista puede comenzar a obtener ganancias siete años después de haber comenzado con el proyecto de reforestación, pero es hasta el año 15 ó 20 que se comienza a observar un retorno fuerte de la inversión.
La ley forestal se da por un período de 25 años, y al ser incluido este punto en la reforma se están cometiendo muchas faltas.
Es una lástima que se ponga en peligro la industria, porque Panamá tiene un enorme potencial para desarrollar la reforestación, dijo la empresaria.
Por cien años nos hemos dedicado a la ganadería y a la agricultura, sin estudiar el verdadero potencial de nuestras tierras.
Con la eliminación de la Ley se aniquila totalmente la inversión realizada hasta el momento en las plantaciones.
Los incentivos son deducciones fiscales y lo que se invierte en reforestación se puede deducir como un gasto de la empresa.
