Se dice que tan responsable es el borrachito por la ingesta de licor, como quien le facilita la botella. Es decir, es una enfermedad compartida por el enfermo y su proveedor. Esto pareciera ser el caso de la sociedad panameña.
Ante todo desajuste del mercado en la provisión de un bien o servicio, sea por escasez en la oferta, o por exceso de demanda, o por inflación de costos o de crédito u oferta de dinero, la solución adoptada por la sociedad… es pedir un subsidio. Y el Gobierno, como padre temeroso de la reacción de los hijos adolescentes, procede a otorgar el mismo, sin atender las causas subyacentes en la falla de mercado en proveer dicho servicio o bien en condiciones competitivas, al mejor precio. ¿Complejo de culpa de padre irresponsable?
Veamos: el manejo monopólico del petróleo se refleja en un incremento en el costo de la electricidad, generada por termoeléctricas. Pregunta: ¿Qué pasó con las concesiones para la generación hidráulica, que se supone contribuiría a la producción de energía en cantidad y condiciones competitivas? ¿Por qué las termo generadoras no hacen sus programaciones de compras a futuro para garantizar la estabilidad en sus costos? ¿Dónde está la política energética del Gobierno? Es más fácil, si hay recursos fiscales, recurrir a un subsidio. Ídem con los costos de transporte. Lo mismo con la gasolina. Sin tomar en cuenta que precios subsidiados a la gasolina contribuyen al consumo de la misma sin controles, impactando aún más la balanza de pagos.
Sigamos. Aumento en el costo de los alimentos. En el corto plazo, si es por escasez en la oferta, no cabe otra situación que el incremento de los precios. Pero si la escasez de oferta es provocada por costos que impactan la producción, tales como insumos, la solución, consistente en un subsidio a la tasa de interés (Feci) que es un costo marginal en la estructura de costos, crea la ilusión de que se está atacando el problema, cuando la realidad es que hay elementos de productividad, tecnología, precios de frontera no competitivos. Nuevamente, se crea una distorsión de mercado, sin resolver el problema de la estimulación correcta a la producción. Peor aún. Se otorgan financiamientos que no son recuperables, y que contribuyen a debilitar la posición económica de los intermediarios financieros estatales.
Otros ejemplos. Se crean exoneraciones de impuestos sobre inmuebles como estímulo a la demanda de viviendas. Se pasa a las generaciones futuras el costo de servicios públicos a mayores grupos urbanos, sin la correspondiente renta. Pero, ¿no sería mejor eliminar el impuesto a la vivienda familiar, y establecer impuestos inmobiliarios solamente sobre edificaciones para uso comercial o renta? ¿Por qué castigar el ahorro que los compradores de vivienda realizan, generando una distorsión sobre la vivienda de segunda mano, a favor de más construcciones que contribuyen a afectar el medio ambiente, a demandar infraestructuras nuevas, cuando existen otras ya amortizadas y en funcionamiento?
Esta demanda de viviendas, componente significativo en la generación del PIB y en la reducción del desempleo estructural panameño, tiene sus contrapartidas. (a) Una reasignación de recursos de la producción de bienes transables y no transables, a bienes no transables; (b) un incremento en la demanda de mano de obra, satisfecha con la absorción de mano de obra desempleada y la migración de mano de obra del campo a las obras de construcción.
Esto ha contribuido indudablemente a reducir la pobreza en el campo. Y personas que consumían a nivel de subsistencia, hoy contribuyen a la demanda efectiva de bienes, afectando los precios de los mismos. ¿Qué pasará con esa mano de obra cuando se desaceleren las obras en construcción, como consecuencia de la esperada caída en la actividad económica como reflejo de la situación mundial? Las fuentes de ingresos del Gobierno, tales como las contribuciones del Canal y de recaudación fiscal, corren serios riesgos de reducirse en los próximos años.
Continuará.
