El ministro hondureño de Defensa, Federico Brevé Travieso, advirtió ayer que las empresas internacionales que participen en las exploraciones petroleras licitadas por Nicaragua en el Caribe se exponen a ser demandadas por Honduras. "Considero que no hay ninguna empresa internacional seria que vaya a tomarse ese riesgo (de una demanda) para poder continuar con ese proceso porque incurren, uno, en el riesgo jurídico de una demanda por parte del Gobierno de Honduras y, dos, incurren en enormes inversiones que requieren las exploraciones", precisó el ministro en declaraciones a la prensa.
El ministro dijo que la cancillería hondureña elavará una "protesta enérgica" ante Nicaragua de comprobarse que es cierto que se llevarán a cabo las exploraciones en el Caribe al norte del paralelo 15, zona en disputa entre ambos países. Brevé Travieso se refirió al tema -durante una ceremonia militar del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra el 21 de octubre- porque el diario hondureño el Heraldo aseguró en la edición de este lunes que cuatro empresas estadounideneses y una nicaragüense han calificado en la licitación.
En ese marco, el partido reclamó que mientras la recaudación tributaria ha crecido un 7.4 por ciento este año y el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación supera en siete dólares lo presupuestado, "no queda claro por qué el Ejecutivo ha entregado menos recursos a los estados".
Por su parte, Hacienda se defendió argumentando que el Gobierno Federal "no tiene la facultad de aumentar o reducir a discreción las participaciones de las entidades federativas".
Aclaró que estas participaciones están determinadas como un porcentaje de la recaudación federal participable, que no necesariamente aumenta cuando la recaudación tributaria se incrementa, y que durante los primeros nueve meses del año cayó un 2 por ciento.
Recordó además que el recorte de 219 millones de dólares en los recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Pafef) que hizo el Ejecutivo en abril pasado, se terminará de resarcir a fin de año.
Hacienda acusó además a los estados de no usar las atribuciones fiscales que los benefician directamente, como el impuesto de hasta 5 por ciento sobre los ingresos de las personas y una tasa máxima de 3 por ciento a las ventas y servicios al público.
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