La compañía Aerolíneas Argentinas (capitales españoles) pidió ayer ante la justicia un concurso preventivo de suspensión de pagos, un recurso alternativo a la quiebra que generó optimismo entre los siete gremios de la empresa privatizada en 1990.
La presentación de Aerolíneas, controlada por la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, 92% de las acciones) indica como fecha de cesación de pagos el 5 de mayo de 2001.
La empresa, privatizada hace 11 años a Iberia, solicitó un plazo legal de 10 días para presentar documentación adicional, entre ellas, el monto de su pasivo.
La línea de bandera acumula deudas por más de 900 millones de dólares, tras haber sido vendida en 1990 sin compromisos de pago, ya que el Estado argentino había absorbido un pasivo de 740 millones.
De su lado, los gremios que agrupan a los 7,000 trabajadores de Aerolíneas manifestaron el viernes un cauteloso optimismo ante la solicitud de suspensión de pagos, que consideran una posibilidad para la continuidad operativa de la empresa y la reanudación de vuelos suspendidos.
Hasta 1990 la empresa tenía supremacía absoluta en vuelos de cabotaje y contaba con servicios a 28 ciudades de Europa, de América Latina y Oceanía, mientras en el 2000 bajaron a 19 y en las últimas semanas se redujeron a sólo seis, todos a nivel regional.
Montevideo y Punta del Este (Uruguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay) y Santiago (Chile), son ahora los únicos destinos internacionales de Aerolíneas.
Ariel Basteiro, titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), previno en declaraciones radiales que "hasta que no se acuerden los siete convenios (con los siete gremios), este plan (suspensión de pagos) todavía no va a empezar".
Pero también señaló Basteiro que "el avance o el cambio de escenario desde ayer (jueves) a la tarde a hoy está dado fundamentalmente por la reiteración del compromiso de la SEPI de que pondría el dinero para mantener la empresa operativa", privatizada en 1990 a Iberia.
La titular del sindicato de Azafatas y Aeronavegantes (AAA) y diputada oficialista disidente, Alicia Castro, aseguró por su lado que la SEPI está dispuesta a retomar los vuelos suspendidos.
Además, la legisladora gremialista señaló como "otro dato positivo, dentro de la crisis enorme, que el Gobierno (argentino) haya dejado de tratarlo como una paritaria gremial y lo trate como un tema de Estado".
Asimismo, ambos sindicalistas coincidieron en que el proceso judicial en el que ingresa la empresa, pedido por sus directivos, "no es perjudicial para nadie".
Basteiro sostuvo que "no lo es ni para los intereses de la empresa, ni para los usuarios ni para los trabajadores, en la medida que se tengan las condiciones óptimas para poder discutir".
Castro destacó el fallo dictado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Silva Garretón, quien en medida cautelar ordenó que el Gobierno argentino, el español y la SEPI "aseguren" la continuidad de Aerolíneas y "preserven" las fuentes de trabajo.
Por otro lado, la diputada consideró que la postura de la SEPI de responsabilizar a Ricardo Cirielli, titular de APTA (el gremio de los técnicos), por la situación actual es "una excusa absurda, burda, idéntica al cuadro de situación que armaron en Viasa" (la empresa venezolana de bandera quebrada por Iberia en 1997).
Ahora, la empresa no podrá aplicar su Plan Director, que prevé la reducción de más de 1.300 puestos de trabajo y que fue la iniciativa que causó una fuerte repulsa gremial desde el 24 de abril, con protestas permanentes, incluido un "boicot" gremial a empresas españolas instaladas en Argentina. Los gremios interpretaron que la SEPI sólo podrá imponer como máximo la Ley de Contratos de Trabajo, pero no podrá despedir personal.
