El negocio de las fincas agroturísticas se encuentra despegando en Panamá, y ya existen 106 certificadas .
Este auge ha impulsado la gestión de beneficios para los que se dedican a esta actividad, a través de la Ley 25 del 4 de junio de 2001, que dicta las políticas nacionales para la transformación agropecuaria.
Bruno Mojica, director de Agroturismo del MIDA, aceptó que están trabajando en lograr un mayor financiamiento para los dueños de las fincas, porque “muchos productores han comentado que han roto sus ahorros y necesitan recursos para poder reinvertir en las granjas”.
Sobre esta situación, indicó que están gestionando incluir esta actividad en los beneficios de la Ley 25 y que puedan recibir un reembolso del 50% de la inversión que realicen, y solo falta la resolución por parte del ministro, Emilio Kieswetter.
Dicha ley cuenta con un presupuesto para este año de 5.5 millones de dólares.
Actualmente, el anuncio de la llegada del Aeropuerto a Río Hato ha incentivado el agroturismo en el área oeste del país, que ya cuenta con 27 fincas certificadas.
Además, hay 242 solicitudes en proceso de inscripción, en su mayoría en las áreas de impacto como: Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y Coclé.
Catalina Garrido, directora de esta sección, manifestó que actualmente están en conversaciones con la Contraloría para de alguna manera formalizar la incursión de esta actividad a la ley.
Según explican las autoridades es posible que los productores del área oeste se estén preparando para la afluencia de turistas que signifique esta nueva infraestructura y se han volcado a invertir en mejoras a sus fincas para aplicar al programa de Agroturismo.
Sin embargo, es en ese punto relacionado a la inversión donde los que han aplicado ya a este segmento han mostrado su disconformidad, porque aseguran a la fecha no contar con el respaldo financiero de las autoridades.
Muchos, como el caso de la señora María Bernal, han tenido que recurrir a los bancos a solicitar crédito adicional.
Bernal, dueña de la finca El Guayabo, ubicada en Antón, asegura que existe una burocracia en las entidades públicas que impiden avanzar a los emprendedores.
Si bien es cierto, reconoció que tanto el MIDA como la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) han ayudado bastante con la publicidad, solo con su esfuerzo pudo conseguir los $250 mil que necesitaba para acondicionar su finca.
La alternativa de recibir beneficios de la Ley 25 es bien vista por algunos productores, porque consideran que sería de gran ayuda contar con un reembolso de su capital.
Gloriela Escobar, propietaria de la finca, La Coloradilla, ubicada en Tanara, Chepo, señaló que esta sería una gran ayuda. Por ejemplo, en su caso, ha tenido que hacer varias cabañas valoradas en unos $30 mil.
