El duro plan de austeridad fiscal lanzado por el Gobierno argentino polarizó ayer a empresarios y analistas, al dividir las aguas entre los que aplauden la ortodoxia del ajuste y los que claman por estímulos a la producción.
La puesta en marcha el pasado viernes de un programa de recorte de gastos por 4, 500 millones de dólares entre 2001 y 2002 dejó al sector financiero y los holdings en la orilla de los que baten palmas y a sectores industriales, comerciales y agropecuarios en la vereda de los disconformes.
Eduardo Escasany, presidente de la Asociación de Bancos (ABA) y titular del Banco Galicia, el más grande entre los privados, declaró al terminar una reunión informativa en la Bolsa de Buenos Aires que "las medidas son muy buenas. Por el camino que íbamos, el problema social no se resolvía".
Por el contrario, Ignacio de Mendiguren, secretario de la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA, 250, 000 propietarios fabriles), sostuvo que "el desafío (para el Gobierno de la Alianza) no es entusiasmar a los mercados financieros, sino a los argentinos".
"Las inversiones van donde se gana dinero y con el problema de los precios relativos (aumentan precios de servicios y bajan los fabriles y agrícolas), no hay una sola actividad productiva rentable en la Argentina", describió De Mendiguren.
La batería anunciada por el ministro de Economía, Ricardo López Murphy, un liberal ortodoxo que asumió la cartera hace dos semanas, fue justificada en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, evitar la cesación de pagos de la deuda y cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
