Al gobierno de Trump tampoco le gustan los migrantes altamente calificados

WASHINGTON — Cuando Suresh Iyer, diseñador de tecnología para operaciones comerciales de una importante firma financiera en Nueva York, se mudó de Bombay a Estados Unidos en 2013, no estaba seguro de cuánto tiempo se quedaría. No obstante, su carrera progresó, su esposa se mudó para estar con él y pronto tuvieron una hija. La familia echó raíces y decidió que quería instalarse de forma permanente. Sin embargo, esto no es algo sencillo de hacer. Iyer —un seudónimo— tiene una visa H-1B, un permiso temporal para trabajadores altamente calificados. Él y su esposa reúnen los requisitos para tener permisos de residencia permanente (y su hija es una ciudadana estadounidense). No obstante, a causa de un límite anual al número de permisos disponibles para trabajadores indios, tal vez tengan que esperar décadas para obtenerlos. Iyer siente que su vida está en pausa. “Cada vez se complica más”, comentó.

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Mucho tiempo antes de que fuera elegido en 2016, Donald Trump ya atacaba a los migrantes indocumentados, a quienes considera criminales que vienen a vender drogas, cometer crímenes y robar empleos. Su política insignia, construir un muro en la frontera con México, se ha llevado a cabo de forma intermitente, aunque sin la fosa con caimanes que supuestamente quería. Cuando Trump prometió por primera vez que iba a construir el muro, dijo que iba a tener una “grande y hermosa puerta” para dejar pasar a los migrantes legales. Pero, de hecho, durante su mandato, a ellos también los están rechazando. No son solo los que padecieron la prohibición de las órdenes ejecutivas más dramáticas del presidente; las trabas del sistema migratorio están afectando a familias como la de Iyer. La Asociación de Abogados de Inmigración Americana, una agrupación de la industria, describe esto como el muro invisible del presidente.

Los tiempos de espera para casi todos los tipos de visa, permisos y renovaciones se han disparado. En 2016, solicitar un permiso de residencia permanente dentro de Estados Unidos tardaba seis meses y medio; ahora es casi un año. El proceso para los permisos de trabajo, emitidos normalmente a los cónyuges de ciertos trabajadores extranjeros, solía demorarse dos meses, pero el promedio de tiempo en la actualidad es casi el doble de eso. En total, la “tasa de adjudicación”, o la cantidad de solicitudes procesadas en un año, ha caído de forma dramática, de un 72 por ciento en 2015 a un 56 por ciento el año pasado. La cantidad de formularios de visas pendientes está en el nivel más alto de la historia: 5,7 millones.

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¿Este atascamiento del sistema es deliberado? Es difícil demostrarlo, opinó Sarah Pierce, del Instituto de Política Migratoria, un centro de investigación. Sin embargo, varias políticas parecieran tener un diseño perfecto para alargar las filas. En este momento, todos los solicitantes de permisos de residencia permanente con base en su empleo deben tener una entrevista cara a cara, un ejercicio que consume el tiempo de los funcionarios. A cada vez más solicitantes de visas de trabajo se les pide presentar documentos de apoyo para demostrar qué harán en su empleo o para poner a prueba sus calificaciones. Antes de que Trump ocupara la presidencia, a lo mucho a una quinta parte de los trabajadores se le pedía que presentara evidencia adicional. En el último trimestre del año pasado, se les pidió a tres quintas partes.

Además, cada vez se vuelve más costoso. Solicitar un permiso de residencia permanente con base en el matrimonio, con un costo actual de 1760 dólares, aumentará a 2750 dólares. Convertirse en ciudadano pasará de 640 dólares a 1170 dólares. Algunas personas incluso tendrían que pagar 50 dólares para solicitar asilo. No obstante, el personal no crece. De hecho, como señaló Greg Chen de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana, una parte del presupuesto de la agencia incluso se ha dirigido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia responsable de las deportaciones.

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En el pasado, cuando a alguien le rechazaban una extensión de la visa, solía haber la confianza en que saldría del país (y la mayoría lo hacía). Actualmente, son enviados directamente a tribunales de migración para que sean deportados, mencionó Chen. Es probable que muchas de estas personas hayan calificado para tener una visa y simplemente cometieron un error al llenar sus solicitudes.

Algunos grupos han sido señalados. En abril de 2017, Trump firmó la orden ejecutiva “Compra estadounidense, contrata estadounidenses”, que endurecía las reglas para las visas H-1B, la que usa Iyer, la mayoría de las cuales van a trabajadores del sector tecnológico de India. Desde la orden ejecutiva de Trump, las tasas de rechazo se han disparado, en particular para grandes consultorías que son propiedades indias. En 2016, a Infosys, una de esas empresas y el principal recipiente de visas H-1B, le permitieron 14.000 visas.

Tan solo el tres por ciento de los candidatos fue rechazado. Para el año pasado, la cifra había caído a tan solo 3200 visas y el 36 por ciento de los solicitantes fue rechazado. A las consultorías les están exigiendo que ofrezcan evidencia de cuáles serían los clientes a los que atenderían sus trabajadores durante los tres años que duran sus visas. Vaya grande y hermosa puerta.