UN MÍNIMO DE 100 reportes de transacciones sospechosas recibe mensualmente la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de los cuales un 10% son remitidos al Ministerio Público para ser investigadas.
La Ley No.42 de 2 de octubre de 2000, que tipifica el delito de blanqueo de capitales proveniente de otros delitos además del narcotráfico, establece que las entidades financieras tienen que reportar cualquier irregularidad a la UAF, principalmente el movimiento sospechoso en cuentas, así como las transacciones en efectivo que superen los 10 mil dólares.
De acuerdo con Mario De Diego, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, gracias a los informes de operaciones sospechosas enviados a la UAF se han "desbaratado" redes importantes de lavado de dinero.
En los últimos 10 años el caso más relevante ha sido la desarticulación de la red del colombiano José Castrillón Henao, quien en el sistema bancario panameño lavó unos 36 millones de dólares.
De Diego manifiestó que la legislación panameña es una de las más fuertes e innovadora de la región, al establecer procedimientos como la política de conocer al cliente, los registros de transacciones sospechosas, y por crear la figura del oficial de cumplimiento en los bancos, quien es el que determina si una transacción es sospechosa.
Una fuente cercana al Ministerio Público, que pidió reserva de su nombre, indicó que las organizaciones siempre intentan colocar el dinero ilícito mediante el depósito de efectivo en los bancos, comprando cheques de gerencia, órdenes de pago y cheques de viajero.
Igualmente, compran bienes raíces para luego revenderlos, generalmente por un precio menor.
Al respecto, Rolando Herrera, presidente de la Unión Nacional de Corredores de Bienes Inmuebles, indicó de que la Ley No. 42 obliga a los corredores de bienes raíces a enviar todos los meses a la Unidad de Análisis Financiero un reporte de sus transacciones, aunque estas no sobrepasen los 10 mil dólares.
Agregó que no es fácil detectar el lavado de dinero, lo que explica que la mayoría de los corredores no le venden a personas que quieren pagar en efectivo, o que no necesiten financiamiento para comprar una propiedad de alto costo.
No obstante, la legislación solo establece que las personas jurídicas están obligadas a enviar los informes a la UAF, más no las personas naturales dedicadas a esta actividad.
Este miércoles inicia en Panamá la décima versión del congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El evento, que se realizará hasta el viernes 25, contará con la participación de expertos de Argentina, Colombia, Inglaterra y España.
El Departamento de Estado de los EE.UU reconoce esta actividad como uno de los aportes más importantes contra el blanqueo de capitales.
