El Fisco italiano amnistiará a los ciudadanos que hayan cometido delitos de escasa cuantía monetaria y castigará con penas de cárcel a aquellos que tengan un valor superior a los 100 millones de liras (unos 50.000 dólares).
La norma, aprobada hace algunas semanas por el Consejo de Ministros, entró ayer en vigor y a partir de ahora será la referencia para que los jueces dictaminen cuando se ocupen de delitos contra la Hacienda Pública.
La normativa tiene un doble objetivo consistente en, por un lado, perseguir con intensidad los delitos dolosos más relevantes en función de la cifra defraudada y, por otra parte, evitar el gran número de denuncias que hasta ahora se acumulaban en los tribunales sin que se las pudiera dar salida.
La previsión es que se reduzcan en un ochenta por ciento los delitos fiscales, ya que a partir de ahora los comportamientos punibles serán exclusivamente la declaración fraudulenta mediante facturas falsas (de seis meses a seis años), la omisión de declaración (uno a tres años), la emisión de facturas falsas (dos a seis años) y la destrucción u ocultación de documentos (seis meses a cinco años).
El castigo con cárcel sólo tendrá lugar si se supera el umbral mínimo de 100 millones de liras, aunque la cantidad varía en función del tipo de actuación contra la Hacienda, ya que la omisión de declaración sólo será castigada con prisión si se defraudan al menos 150 millones de liras, cifra que sube a doscientos millones en el caso de la declaración falsa.
Con esta nueva normativa, el Fisco prevé obtener mayores ingresos, por lo que tendrá en cuenta a los defraudadores "arrepentidos", a los que promete indulgencia, con el descuento de un tercio de la pena, si hacen llegar a las arcas del Estado la cantidad adeudada antes de que el caso llegue al juez.
Este deberá anular los procedimientos judiciales en curso que no se adecúen a lo que desde ahora se considera delito, lo que supondrá una especie de amnistía fiscal.
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