Luego de que se venciera el pasado mes de diciembre la concesión a la empresa Ocean Pollution Control (OPC) para el servicio de control de contaminación, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aún no ha dado a conocer si le extendió el contrato o si otra empresa se lo ganó.
OPC, a la que se le adjudicó un contrato por un periodo de 20 años, está vinculada en el pasado a supuestas irregularidades durante el proceso de la concesión, reportes de incumplimiento del contrato y a un derrame en el área de Corozal.
En octubre de 2017, la AMP informó que estaba trabajando en el pliego de cargos para someter la concesión a un proceso de licitación, en la cual hasta la fecha solo podrían competir cuatro empresas.
Jorge Barakat, administrador de la AMP, manifestó meses atrás que existe un movimiento de grupos vinculados a la actual concesión por tratar de competir y hacerse nuevamente del negocio.
Barakat aseguró que en la AMP solo hay registradas cuatro empresas con licencia y certificadas para recuperar hidrocarburos en el mar, ellas son Slop Oil Recovery S.A.; Layne Commercial Services, Inc.; Osro Panamá Inc. y OPC.
"Las cuatro empresas mencionadas cuentan con el equipo técnico idóneo para prestar el servicio. A su vez, recalcamos que la AMP vela porque todas las empresas con licencia de operación cuenten con todos los estándares e idoneidades requeridos, tanto de los equipos como del personal", aseveró el funcionario.
Sin embargo, información del Registro Público de Panamá revela que los directivos de la empresa Osro Panamá Inc. tienen un grado de familiaridad directo con la empresa OPC, representada por Rubén Reyna, Gregorio Chuljak y Jovan Vukelja.
Osro Panamá Inc. tiene como presidente a Juan Diego Reyna Aparicio y tesorero a José David Reyna, ambos hijos de Rubén Reyna. Como secretario de Osro Panamá Inc. registra el tesorero de OPC, Gregorio Chuljak.
Informes de la página web de la AMP revelan que Osro Panamá Inc. fue registrada recientemente ante esta entidad marítima, el 6 de mayo de 2016, lo que lleva a que se hagan interrogantes sobre la experiencia de la empresa en el servicio de recoger sustancias contaminantes de las aguas en costas o puertos de Panamá.
También se encontró que el representante legal de Osro Panamá Inc. ante esta institución es Rubén Arturo Merel, un exfuncionario de la AMP que fungió como subjefe del Departamento de Prevención y Control de Contaminación de Puertos.
Pasado de OPC
En el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, la Contraloría pidió que se declarara nula la concesión de OPC por considerarla lesiva para el Estado. La Contraloría también vinculó a OPC a dos funcionarios del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna. La petición de la Contraloría no prosperó y la Corte Suprema declaró legal el contrato de OPC.
En 2009, la AMP trató de reducir los millonarios ingresos de OPC con la concesión de 1997, ya que hasta esa fecha estaba vigente una adenda que le permitía a la empresa cobrar una tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que tocara puerto panameño.
De acuerdo con información publicada en periódicos de la localidad, esta tasa le generó ingresos a la empresa que se incrementaron gradualmente de $2 millones a $6 millones.
La AMP fue consultada por este medio sobre el pliego de cargos para someter la concesión a un proceso de licitación pública y hasta el cierre de esta nota no recibimos ninguna respuesta.
