No obstante, Amado Barahona, director de la UAF, recalcó que el país "no está mal" en la incidencia de este delito, aunque reconoció que el mismo es "dinámico, evolutivo y cambiante" (ver cuadro).
Explicó que en el sector cooperativo se instaló una comisión bipartita con la UAF para crear nuevas reglamentaciones, potenciar los reportes de operaciones sospechosas, así como la introducción del oficial de cumplimiento y las comunicaciones.
Añadió que a medida que crece el país aumentan las operaciones sospechosas, sin embargo, aseguró que el crecimiento económico actual es sano, y está impulsado por los jubilados extranjeros retirados, y la construcción, entre otros.
La idea, indicó el funcionario, es frenar el lavado de dinero que trae consigo flujos de capitales negativos.
El presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Calvin Wilson, reconoció que Panamá luego de haber salido de la lista de países no cooperadores tiene avances muy importantes.
Sobre su labor, manifestó que están "revisando que los países se mantengan en el camino de evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Wilson mencionó que en la reunión plenaria que se realiza en esta capital les toca evaluar los procedimientos de Costa Rica, Trinidad y Tobago, y Bahamas.
Barahona señaló que todos los sectores que participan de la actividad económica en Panamá están reportando las operaciones sospechosas, debido a que el empresario está más consciente en combatir este flagelo.
Comentó que han observado que hay nacionales que ocultan bienes en plena separación, para que no sean incluidos en el matrimonio.
Igualmente, se han analizado 400 reportes de extranjeros jubilados, que al final han justificado sus ingresos.
El fiscal de Drogas, José Abel Almengor, informó que entre las tipologías observadas por quienes cometen este delito están la compra de viviendas reposeídas, uso de tarjeta de débito prepagada, compra de vehículos y viviendas en efectivo, al igual que abrir cuentas bancarias a través de testaferros, o sea, personas que no tienen capacidad económico para los depósitos.
Por ello, están atacando el financiamiento de las organizaciones criminales compuestas principalmente por colombianos, panameños, estadounidenses y canadienses, entre otros.
