Analizarán las "prácticas abusivas" de las empresas

La Fundación del Consumidor y del Usuario (FUNDECU), de Panamá les preocupa el poderío de ciertas empresas extranjeras en el mercado eléctrico en toda la región centroamericana.
Por ejemplo, Unión Fenosa tiene presencia en Panamá, Nicaragua y República Dominicana, mientras que AES está presente en Panamá, El Salvador e incluso Argentina; y Telefónica tiene presencia en toda Latinoamérica, excepto Costa Rica que no ha abierto su mercado. Según Rubiel Cajar presidente de FUNDECU, aprovechando las ventajas que les han dado los contratos a estas empresas, éstas han desarrollado mecanismos que afectan directamente a los consumidores.
Tres elementos fundamentan lo que Cajar consideró las prácticas abusivas en los contratos.
La garantía de cero riesgo, el deliberado uso de una forma de indexación y la supresión de poderes de quien debería responsabilizarse por regular el servicio en el país; que en el caso de Panamá es el Ente Regulador de los Servicios
El Estado al garantizar la rentabilidad del negocio a través de una tarifa de precio tope, permite que con la misma se cubran los costos de operación e inversión de la empresa, cualquiera que éstos sean.
De esta manera, todos los gastos los absorbe directamente el consumidor. Pero para que esto ocurra se emplea una fórmula técnica conocida en el mercado como la "fórmula de indexación".
"Por ejemplo, para poder definir la tarifa eléctrica tienes que definir los costos de la empresa; que incluyen mano de obra, costo de combustible costos de funcionamiento, materiales y suministros.
Además de estos costos se le añade el 14% que es la tasa mínima de retorno al Estado. Si por alguna razón aumenta el costo del combustible por ejemplo, la empresa no lo absorbe, sino que lo transfiere a la fórmula de indexación y no asume ningún riesgo y al final todo lo paga el usuario", precisó Cajar.
En 1997 Panamá vendió el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) a la empresa británica Cable & Wireless.
El mismo año se dictó el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad.