Los anestesiólogos están en alerta roja. Amenazan con un paro nacional si en 15 días el Ministerio de Salud no emite una resolución en la que se determine la línea a seguir con respecto al recargo que estos profesionales pagan por cada paciente que atienden en las clínicas privadas.
El presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Panamá, Luis Pretto, precisó que existe una resolución que debe firmar el Ministerio de Salud, la cual consolidaría al libre ejercicio de la profesión. A juicio del doctor Pretto, " las autoridades han preferido mantener un silencio administrativo, que pareciera un complot, para cercar a los especialistas que exigen sus derechos laborales".
El dirigente de los anestesiólogos precisó que, luego de varios meses de controversia y después que la Procuraduría de la Administración indicara que sí es competencia de esta institución fallar en este caso, aún no se tiene ninguna respuesta.
La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien luego de ser consultada por el propio ministro de Salud, Fernando Gracia, concluyó que el recargo adicional del 50% que se cobra a los pacientes a su ingreso a la Clínica Hospital Paitilla o a la San Fernando, por el hecho de escoger el médico anestesiólogo de su preferencia, y que éste no esté en las listas de las clínicas mencionadas, va en detrimento de la libre voluntad de decisión a que tiene derecho todo paciente.
Además, señala que en virtud de lo que establece la ley, "somos de la opinión que el Consejo Técnico de Salud, sí es competente para conocer sobre el tema de consulta, toda vez que son funciones del consejo, supervisar el ejercicio de las mencionadas profesiones".
La presión se ha hecho tan evidente por parte de las clínicas, según Pretto, que reconocidos especialistas como el doctor Ruperto Palma se les ha negado la entrada a los quirófanos por faltar supuestamente a reglamentos que no existen, cuando a todas luces se coacciona su derecho al libre ejercicio por asumir posiciones gremiales en contra de la línea de las clínicas privadas.
" Pareciera que la política es matar a los anestesiólogos de hambre, cuando las leyes en Panamá no se aplican de acuerdo a su origen, sino a la interpretación que le dan los abogados", dijo Pretto.
Hasta el momento los dirigentes médicos han sostenido conversaciones con el Consejo Técnico de Salud y funcionarios designados del Organo Ejecutivo, mientras que el ministro de Salud les ha comunicado que debe agotar todas las vías jurídicas antes de firmar cualquier resolución.
Sin embargo, los anestesiólogos consideran que "evaluar nuevamente este caso, como si fuera nuevo, es una forma más de dilatar el proceso, por lo que piden pronta respuesta de las autoridades antes de llegar a un paro nacional".
Con la recolección de estos recargos, las clínicas pueden estar cobrando entre 600,000 y 800,000 dólares anuales, con lo que se comprueba, según el análisis de los anestesiólogos, que son ellos quienes corren con muchos de los gastos operativos y administrativos.
Por ejemplo, en una intervención quirúrgica, en la que el anestesiólogo cobra 1,000 dólares, las clínicas les descuentan 720 dólares. " Lo peligroso en este tema es que si no se hace valer el libre ejercicio de la profesión, las instituciones hospitalarias operarán al margen de la ley, y el Ministerio de Salud perderá liderazgo" aseveró Pretto.
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