El nuevo anteproyecto de ley que amplía los descuentos a los adultos mayores, además de incorporar las modificaciones acordadas con el Ejecutivo y el sector empresarial, establece nuevas disposiciones para garantizar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de la población y facilitar su aprobación.
La normativa, presentada por el diputado Javier Sucre, incrementa el monto de las multas por incumplir con este derecho, de $50 y $5,000 a $500 y $10,000, y ordena a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) distribuir el 100% de lo recaudado entre el Fondo Especial para Jubilados y Pensionados y el programa de beneficios permanentes de la Caja de Seguro Social.
Asimismo, crea un fondo de apoyo a las microempresas para compensar los montos que dejen de recibir al otorgar estos descuentos.
La propuesta, aseguró Sucre, combina beneficios sociales, fiscalización efectiva, incentivos tributarios y un mecanismo de reembolso que no solo garantiza la protección de los jubilados y pensionados, sino también la continuidad de las actividades económicas.
El documento contempla mayores descuentos en los servicios de electricidad, telefonía y agua potable.
Los incentivos en dichos rubros pasarán del 25% al 30% siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario y el descuento se aplique sobre su vivienda principal.
Se incorporó una reducción del 30% en la facturación del servicio de internet y en la compra de pañales desechables.
Los jubilados, indicó Guillermo Cortés, esperan que la iniciativa, tras las adecuaciones, sea aprobada y sancionada antes del 31 de octubre por el Legislativo y el Ejecutivo, respectivamente.
Solicitan también que se altere el orden de discusión de proyectos en el Pleno para que se analice el proyecto de ley No. 663 que elimina la tasa de cobro a los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim).
30%
descuento a los servicios de telefonía, electricidad y agua potable.
10,000
monto máximo de las multas para quienes incumplan la disposición.
