Conocidos bancos panameños en proceso de expansión internacional habrían estado a punto de entrar en negociaciones para adquirir parte del capital del estatal Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), cuya privatización fue suspendida por la Contraloría General de la República, que denunció la nulidad del proceso por supuesta violación de normas legislativas que regulan la actividad bancaria en Nicaragua. Extraoficialmente trascendió que se trataría del Banco Aliado, Hamilton Bank y Panabank, los que suspendieron sus contactos al conocer las manipulaciones orquestadas por seudogrupos financieros.
Medios de prensa nicaragüenses como El Nuevo Día y La Prensa informaron el 31 de agosto la decisión de la Contraloría de anular la operación de privatizar el banco en cuestión "por haberse transgredido la voluntad legislativa del Estado plasmada en la Ley 296 de Autorización de Venta de Acciones. Se ordenó una auditoría para determinar antes de la venta la solidez del grupo Sociedad Inversiones Iberoamericanas S.A. que con supuesto respaldo del Hamilton Bank de Estados Unidos, se adjudicó un paquete de acciones. Las investigaciones demostraron que la citada corporación financiera es solamente un cascarón, ya que los auditores de la Contraloría nicaragüense establecieron que la empresa no satisfacía los requisitos financieros de ley.
El diario La Prensa de Managua afirma que el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio fue sometido a un proceso sistemático de "ordeño" de su capital, lo que lo llevó al borde de la quiebra en varias ocasiones, pero las irregularidades no se descubrieron. Llamó la atención de las autoridades la sustitución del presidente de la junta directiva del BANIC, Ronaldo Lacayo, siendo supuestamente el principal accionista, en una operación de cambio de ribetes oscuros. El BANIC, con los mayores depósitos del país, vendió el 49% de su capital accionario a la Sociedad Inversiones Iberoamericana S.A. con falso apoyo del Hamilton Bank.
Se comenta en Nicaragua que directivos del banco, alegando conexiones con el gobierno de Arnoldo Alemán, habrían recibido préstamos millonarios, que luego fueron presentados como pérdidas del banco.
La Contraloría solicitó la cooperación de la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, para investigar si ciudadanos norteamericanos habrían incurrido en prácticas de corrupción o fraude, pretendiendo adquirir un banco sin presentar referencias bancarias ni estados financieros.
