Aprueban disminuir gastos

Los primeros diez artículos de la reforma fiscal con los que se implementará un "Programa de Equidad Fiscal", y que hacen referencia a la reducción del gasto público, fueron aprobados ayer por la Asamblea Nacional en segundo debate.
Lo aprobado no sufrió muchas modificaciones con relación a lo presentado. El gobierno pareció conformarse con ahorrar, a través de estos cambios, sólo 40 millones de dólares en el gasto público, a pesar de las recomendaciones hechas por el sector privado, para que fuera más agresivo con la reducción del tamaño del Estado.
El sector empresarial sugirió que estos cambios deben ser más abarcadores (ajustando incluso la planilla estatal), ante un aparato gubernamental grande, "costoso, inoperante, burocrático y cuya disminución es imperante".
Uno de los pocos artículos modificados en segundo debate, fue el que establece que el gasto en concepto de celulares, la adquisición de arrendamiento de automóviles y el nombramiento de asesores en las diferentes entidades del Órgano Ejecutivo, serán reglamentados a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En las modificaciones a este artículo se adicionaron también los gastos en alquileres de locales y servicios básicos. Se eliminó la frase sector público y se adicionó Órgano Ejecutivo.
De igual forma, en el artículo 7 se agregó un parágrafo que establece que el MEF elaborará un reglamento relativo a los ingresos de autogestión que generan las instituciones para su funcionamiento.
Este primer bloque del proyecto, aprobado en segundo debate, establece además en su artículo 1, que al 1 de enero de 2008, las instituciones del sector público no podrán tener mayor número de servidores públicos, que los que tenía en la estructura de personal al 31 de diciembre de 1999, excluyendo a los sectores amparados por leyes especiales.
La reducción no afectaría la prestación de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, donde el aumento será considerado previa sustentación, bajo el argumento de una mayor demanda y crecimiento demográfico del sector. En este caso, el personal deberá ser orientado a la prestación del servicio y no a aspectos administrativos.
Estas metas, según el viceministro de Finanzas, Rolando Mirones, se deberán seguir paulatinamente, porque todos en el país incluyendo al sector empresarial y el obrero, saben que un aumento en la planilla es insostenible.
El reajuste en el número de servidores públicos, de no hacerse de forma gradual, según Mirones, provocaría un efecto recesivo, que no es conveniente para el país.
El artículo 2 se mantuvo igual y establece que durante el 1 de enero de 20005 al 31 de diciembre de 2007, se deberá proceder a una reducción del monto disponible del valor de las vacantes en el 2005, un 30%; en el 2006, un 20%; y en el 2007, un 10%.
Se excluyen los cargos regidos por leyes especiales, cargos de jefatura y vacantes que se utilicen para dar continuidad a personal bajo contrato.
Sin embargo, son precisamente las leyes especiales las que presionan el gasto público. El Estado paga 25 millones de dólares en aumentos automáticos.
De igual forma, se establece en el proyecto (art. 3) que el monto del valor de los contratos por servicios profesionales, no podrá ser superior al 2% del monto total de la planilla de servicios personales, ni el 2% del monto total de las inversiones.