La reanudación de las conversaciones, interrumpidas hace semanas cuando hubo un cambio del ministro de Economía, se da justo cuando el gobierno redobla su esfuerzo por detener el derrumbe del peso, que provoca más inflación y profundiza el nivel récord de pobreza en el país.
Pero pese a que ayer entró en vigencia una nueva normativa para aumentar la liquidez de dólares en el mercado y así fortalecer al peso, la moneda local continuaba cayendo, con lo que acumula desde enero una caída de 72 por ciento frente al dólar.
El Banco Central ya gastó cientos de millones de dólares en su fallida política de sostener al peso artificialmente. Sus reservas internacionales eran de 10,357 millones de dólares a fines de mayo frente a 19,639 millones a mediados de enero.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, será quien reanude las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando se comunique el martes con la subdirectora gerente del organismo, Anne Krueger, para pedirle que envie una misión negociadora a Buenos Aires.
"El ministro Lavagna va a informar al FMI el lunes en qué estado están los requisitos pedidos (para otorgar asistencia financiera) y va a sugerir el envío de una misión negociadora", dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Economía.
Para otorgar una ayuda financiera que Argentina necesita desesperadamente, el FMI exigió una serie de reformas legislativas -ya concretadas- y la firma de acuerdos que limiten los gastos de las provincias argentinas, algo que ya está avanzado.
El presidente, Eduardo Duhalde, que apenas cuenta con el respaldo de un sector del peronismo, formación política a la uqe pertenece, no se cansa de repetir que sin un acuerdo con el FMI la economía argentina no podrá recuperarse. Mientras tanto, los principales dirigentes del peronismo debaten si es necesario adelantar las elecciones presidenciales de septiembre del 2003.
Hasta ahora, el FMI ha sido inflexible en sus conversaciones con Argentina y dejó muy claro que no hablaría de nueva ayuda hasta que el país cumpliera los requisitos que le exige el organismo. Al mismo tiempo, según varios analistas, el Fondo está blindando con créditos a países colindantes con Argentina, especialmente Uruguay, como prevención para que no resulten contagiados por la crisis.
Además de intentar retomar las negociaciones con el Fondo, el gobierno argentino tanteaba también el lunes un acercamiento de posiciones con sus acreedores externos, a cinco meses de declarar el incumplimiento de pagos sobre parte de su deuda de 141.000 millones de dólares.
El secretario de Finanzas argentino, Guillermo Nielsen, mantuvo el lunes una conferencia telefónica con acreedores europeos y estadounidenses para iniciar "una conversación más formal" sobre la reestructuración de la deuda soberana, agregó la fuente del ministerio.
Atendiendo una de las exigencias del FMI, que reclama al país que ponga en orden su sistema financiero, al borde de la quiebra, el gobierno anunció el viernes pasado un plan para levantar un congelamiento de depósitos y ahorros que rige desde enero y que ha provocado protestas diarias por parte de lo argentinos.
El medidas contra el lavado de dinero se fortalecieron en el 2000 bajo el Acuerdo 9-2000 y las Leyes 41 y 42 del 2000. Antes de esa fecha, la legislación contra el lavado de dinero sólo enfocó en fondos derivados del narcotráfico. Por esa razón, hasta Junio del 2001, Panamá estaba incluida en la lista de paìses no-cooperadores designado por la Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en Inglés), un cuerpo inter-gubernamental establecido por el G-7 en 1989, cuyo propòsito es desarrollar y promover políticas para combatir el lavado de dinero. Una nueva legislación contra el lavado de dinero fue expandida para que incluyera fondos derivados de otras actividades penales, tales como fraude, malversación, terrorismo, extorsión, secuestros, entre otras. Las regulaciones establecidas para evitar el lavado de dinero, bajo la nueva ley, incluyen:
Identificación de clientes
Mantenimiento de registros de cuentas.
Reportes de transacciones grandes y/o sospechosas, basadas en sumas (usualmente sobre los USD 10,000), naturaleza, frecuencia y otras características.
Desarrollo de políticas internas y entrenamiento.
Reglas más rígidas de revelación de información, para los bancos se incluyeron en el capítulo VIII del Decreto-Ley 9-1998. Los Bancos deben proveer la declaración de todos los activos, pasivos y resultados de sus operaciones panameñas, la clasificación de préstamos y cartera de inversiones; y cualquier información adicional que no se haya incluido en la Ley. La única excepción es la identidad de los depositantes, que permanece dentro de la confidencialidad, con la excepción de aquellos pasivos usados como crédito colateral o en el caso de una investigación por lavado de dinero.
Los Préstamos Vencidos: La clasificación de préstamos vencidos se basa en la estructura de pagos. Para préstamos con abonos, el saldo total del préstamo es clasificado como vencido, una vez que cualquier pago esté vencido por 90 días, mientras que los préstamos estructurados como de "un sólo pago", incluyendo sobregiros, son clasificados después de 30 días de vencidos.
Los préstamos son colocados en un status de no-incremento después de 90 días. (i.e. préstamos comerciales y préstamos al consumidor con abonos; y 120 días (i.e. préstamos residenciales con hipoteca, préstamos al consumidor amparados con colaterales, y préstamos con cargo directo al consumidor) .
