El promedio de horas trabajadas en Argentina es de 55 semanales, siete más de lo que establecen las leyes locales, por lo que ajustar la jornada laboral a las normas permitiría crear 1,100.000 puestos de trabajo, según un informe difundido ayer.
El estudio, hecho por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y publicado por el diario "Página/12", sostiene que ese promedio de horas trabajadas por los afortunados que tienen una ocupación en un país con un índice oficial de desempleo del 21.5 por ciento "sólo es comparable" con las naciones africanas y algunas asiáticas.
En Francia se trabaja 35 horas por semana, 37 en Alemania y 38 en Gran Bretaña, Estados Unidos y Venezuela, según los ejemplos citados en el informe para destacar "la sobreexplotación" de los argentinos y la posibilidad de crear "inmediatamente" 1,100.000 nuevos empleos si se cumplieran las leyes. La CTA, que agrupa a sindicatos de empleados estatales, maestros, judiciales, periodistas y aeronáuticos, entre otros, precisa que en un país con poco más de tres millones de desempleados, otros 3.9 millones "no tienen descanso", pues llegan a trabajar hasta más de 60 horas por semana. Los que cumplen más horas de labor son los empleados de los supermercados y de los centros comerciales, con un promedio de 60 horas semanales, mientras los taxistas y los comerciantes minoristas, entre los que no tienen relación de dependencia, superan las 70 horas por semana. La CTA, que basó su estudio en los informes periódicos de la oficina de estadísticas y censos del Gobierno, señala que el 70 por ciento de los que trabajan más de lo previsto por las leyes son hombres y que muchos empleadores sólo pagan, en promedio, una de las tres horas extras de sus trabajadores. "Los empresarios se acostumbraron a hacer trabajar más a su personal", dijo a "Página/12" la secretaria de Empleo del ministerio de Trabajo, Noemí Rial, quien también reconoció que muchos abusos de los empleadores no son denunciados por los trabajadores por temor a ser despedidos.
Manzano fue involucrado en varios casos de corrupción, de los cuales salió indemne, pero tuvo que renunciar en 1991 como ministro del Interior en medio de un escándalo por la concesión de un pasaporte argentino al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.
Alejado de la política desde entonces, aunque mantiene estrechos contactos con los principales dirigentes políticos y empresarios, se asoció con Daniel Vila, máximo directivo de un grupo que controla un diario, radios y canales de televisión en la provincia argentina de Mendoza.
