Auditores rechazan denuncias de contadores

En respuesta a los señalamientos del contador público Armando Bey Castillo sobre incumplimiento de normas nacionales de contabilidad,
Carlos Karamañites, socio de la firma auditora KPMG señaló que la denuncia carece de todo fundamento, y denunció que esto es parte de la campaña de un grupo minoritario llamado Consejo Ejecutivo de Contadores Públicos que se rehusa a utilizar en Panamá las normas internacionales de auditoria.
"Ellos todavía se niegan a aceptar que esta profesión dejó de estar encerrada dentro de nuestras fronteras, cuando en Panamá hoy día hay muchas empresas que tienen inversiones en otros países", expresó Karamñites.
Es necesario que los contadores de Panamá responsablemente acepten utilizar las normas internacionales para evitar algún tipo de diferencias entre las firmas auditoras y sus clientes, indicó Karmañites.
En tanto, Antonio Latorraca, socio de la firma de auditores, Price Waterhoose Cooper aseveró que la actitud tomada por el contador Bey Castillo es extremadamente nacionalista; sin embargo señaló que respeta su posición aunque no la comparte.
Latorraca manifestó que los contadores de Panamá deben aceptar que están viviendo en un país globalizado que necesita regirse con las normas internacionales para poder competir.
"No creo que estas acusaciones de Bey Castillo procedan en la Junta Técnica de Contabilidad, porque no tienen base", aseguró Karamañites.
Por su parte, el director socio de la firma Arthur Andersen, Rodolfo Guillén indicó que la Superintendencia de Bancos puso en vigencia en 1999 una nueva reglamentación que obliga a adoptar como técnicas de contabilidad para los registros de contables de los bancos establecidos en Panamá, las normas internacionales, o los principios contables aceptados en los Estados Unidos.
"A nosotros como contadores no nos queda otra alternativa que aceptar esta disposición, porque la Super Intendencia de Bancos lo exige", comentó Guillén.
Sin embargo, Guillén coincidió con Karamañites y Latorraca en que la denuncia de Bey Castillo carece de sustento técnico, y advirtió que la Junta Técnica de Contabilidad tampoco tiene la potestad de obligar a ningún contador público autorizado a seguir determinadas normas o principios de contabilidad.