Ausencia de reglamento afecta el mercado de hidrocarburos

La ausencia de un reglamento definitivo afecta la apertura del sector de hidrocarburos, toda vez que existen sectores que no se atreven a tomar decisiones en espera del mismo, aseveró a El Panamá América Ramón Tapia, director de ese sector en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Tapia fue consultado por este diario sobre la evolución de ese documento que desde febrero de este año se encuentra en una especie de limbo, después que importantes componentes de ese mercado objetaran el proyecto de reglamento que el MICI presentó al Consejo de Gabinete en esa fecha y que fue devuelto para su estudio y reformulación.
Después de esa fecha -dijo Tapia- se han hecho múltiples consultas y el actual borrador no es ni la sombra del primero que se presentó. "Creo que lo que se ha discutido y lo que se ha ajustado es totalmente diferente al documento original que se había hecho", manifestó el funcionario.
Sin embargo no existe un documento final y Tapia admitió que aún se desconoce una fecha exacta para su presentación, toda vez que las consultas continúan.
Para esta semana se espera el arribo de una alta funcionaria de la transnacional Chevron-Texaco y aunque Tapia negó que esa visita tenga carácter oficial, El Panamá América supo que será aprovechada para intercambios sobre temas de interés mutuo.
La Chevron-Texaco administró Refinería, cuyo contrato de exclusividad con el Estado Panameño cesó el pasado 31 diciembre, dando paso al mercado libre que aún no se concreta.
"Nosotros no la tenemos en agenda", señaló y aclaró luego que los funcionarios de esa empresa realizan visitas rutinarias al país para inspeccionar el trabajo de sus plantas.
El reglamento para el mercado de hidrocarburos se convirtió en tema de discusión pública luego que se conocieran posiciones encontradas al respecto. En tanto, el propio ministerio y las principales empresas importadoras favorecían el estatuto, nuevos interesados en incursionar en el sector, tanto petroleras como distribuidoras, lo objetaron aduciendo que propiciaba prácticas monopolistas e impedía el ingreso de nuevos actores.
Una carta de estos últimos a la presidenta de la República fue el factor que detuvo la aprobación del proyecto en febrero pasado, y en abril de este año la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), coincidió con gran parte de la argumentación de los quejosos.
El documento de CLICAC asevera que "aunque estamos seguros de que el objetivo del Decreto de Gabinete no es favorecer a las empresas ya establecidas, varios de los requisitos que se solicitan a los nuevos entrantes en este mercado, en la práctica ofrecen ventajas a las empresas ya establecidas sobre las que quieren ingresar a este mercado, lo que no coadyuva a una mayor competencia en el mercado de comercialización de hidrocarburos en Panamá".
CLICAC se refiere por ejemplo al 50% del costo de las inversiones que el contratista debe aportar, y que sólo se le exigía a quienes tratan de incorporarse por primera vez a este mercado.
El documento, que ahora al parecer puede cambiar totalmente, exigía también a los nuevos contratistas experiencia en el almacenaje, distribución y manejo de productos derivados del petróleo por lo menos durante los últimos tres años, lo que CLICAC estimó como otra barrera ya que, de acuerdo a ese documento, "la empresa no posee la experiencia solicitada, pero si las personas que la conforman tienen más de diez años de experiencia, no se considerará esta una experiencia válida para el establecimiento de la nueva empresa?"
La carga financiera adicional, un inventario promedio diario que debía representar 10 días del promedio de las ventas de cada producto derivado del petróleo, que no se le exige a ninguna empresa de ningún sector económico del país, y la gran cantidad de informes confidenciales que les exigía a los nuevos inversionistas, fueron objetados en el análisis de CLICAC, que en cada una de sus observaciones incluyó recomendaciones.
En lo que todos parecen coincidir, sin embargo, es en la necesidad de que exista un reglamento que impida la anarquía en el sector, y ponga a salvo la calidad del producto y el servicio.