El pago por el oficial encargado de la seguridad ocupacional en los distintos proyectos de construcción, por parte de los desarrolladores, el cual estuvo suspendido desde noviembre de 2014, se ha reactivado a través de la Ley 67 de octubre del año en curso.
Aunque expertos del sector construcción consideran que es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) el que debe correr con este gasto, la nueva ley establece que son los dueños de los proyectos quienes tienen que costear este requisito.
A pesar de que los desarrolladores consideran que es uno de los costos que encarecen los proyectos, la ley ya fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 2 de noviembre, para sorpresa de la mayoría de los actores de la industria.
Anteriormente, el Mitradel hacía el cobro denominado Fondo de Seguridad Ocupacional, basándose en el Decreto Ejecutivo 15 de 2007, el 17 de 2008 y el 19 del 20 de febrero de 2014, pero la Corte Suprema de Justicia, el 12 de noviembre de 2014, lo declaró inconstitucional.
El fallo en contra del Fondo de Seguridad se dio debido a que constituye, según la Corte, una tasa que no puede establecerse a través de un decreto, sino mediante una ley.
Es precisamente de esta forma que se ha restablecido la tasa, la cual empezó a regir este mes de noviembre, según lo establece el artículo 16 de la Ley 67 del 30 de octubre de 2015.
A juicio del expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) y asesor de la junta directiva de este gremio, José Batista, "sea decreto o ley, todos estos son costos adicionales que terminan encareciendo el valor de la construcción y ni siquiera garantizan la seguridad en el proyecto".
El experto considera que hay que establecer mayor responsabilidad en los promotores o desarrolladores, en los contratistas y en los mismos obreros.
Además, "la Ley 67 le da la oportunidad al dueño del proyecto de no asumir la responsabilidad de algún incidente, porque el oficial, quien se debe encargar de toda la seguridad en la obra, lo proporciona el Mitradel y la empresa solo paga por el trabajo que este desempeña", señaló el expresidente de la Spia.
Que sea la empresa la que tenga que pagar es otro aspecto con el que no está de acuerdo Batista, porque indica que es responsabilidad del Mitradel fiscalizar justamente la seguridad y eso ya está pagado con los impuestos.
Asegura que el cobro específico por este trabajo vendría siendo igual que si se le cobrara al panameño por que un policía le brinde seguridad, además de los distintos impuestos que ya la población paga al Estado.
Sin embargo, a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), Elisa Suárez, no le incomoda el pago, porque antes del fallo de la Corte ya lo estaban haciendo, pero enfatiza que están de acuerdo siempre que no encarezca la actividad y garantice realmente la seguridad de los trabajadores.
Destaca que, a pesar de que los desarrolladores pagaban al Mitradel este oficial de seguridad, nunca aparecía. No obstante, "entendemos que en este momento hay una capacitación que se ha estado dando por varios meses, para que realmente haya una cantidad suficiente de inspectores de seguridad y que se pueda dar el servicio que se ha pagado por varios años y no se recibía", aseguró la empresaria.
Le preocupa también a Suárez que estas iniciativas encarezcan la industria que, según ella, pasa por una "verdadera desaceleración", producto principalmente de la exacerbada burocracia que ha impactado más al sector en el último año y medio.
De acuerdo con las últimas cifras de la Contraloría General de la República, hasta junio el PIB de la industria de la construcción creció 4.5%, mientras que en el mismo periodo de 2014 se incrementó 9.4%.
De igual manera, la inversión, o costo de la obra que declaran los desarrolladores, bajó en agosto 19.8%, con respecto al 2014.
Pagos establecidos en la Ley 67 de 2015 para el sector construcción
El Fondo de Seguridad Ocupacional, Higiene y Salud se considera un aporte que hará el promotor de la obra o el contratista principal, antes del inicio de la obra, en concepto del costo establecido en el presupuesto del proyecto, para cubrir los gastos de salario, movilización, capacitación y equipamiento.
La obra mayor de 1 millón de dólares con un centésimo o de más de cinco pisos deberá pagar 10 mil dólares.
Por los proyectos con una inversión de más de 5 millones de dólares, el promotor debe pagar 30 mil dólares.
Quienes desarrollen edificaciones con un valor por encima de los 10 millones de dólares tendrán que pagar 40 mil dólares.
Una obra mayor de 20 millones de dólares cuenta con una tarifa de 50 mil dólares.
Para las construcciones que superen los 40 millones de dólares la tasa será de 60 mil dólares y por las de 100 millones, el pago será de 100 mil dólares.
