Por la vía de la máxima urgencia, la reforma de la protección del desempleo se aplica por decreto ley y entra en vigor este lunes. El Gobierno dio ayer una respuesta contundente a la convocatoria de huelga general de los sindicatos para el próximo 20 de junio aprobando por sorpresa la norma que modifica la cobertura a los parados y reduce los costes de despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación.
Con ello se quiebran todos los puentes de diálogo y el Ejecutivo pone en pie de guerra a los sindicatos.
Frente a sus planes iniciales de que las medidas estuviesen vigentes en enero de 2003, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros supone la aplicación inmediata.
El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, justificó esa urgencia para "evitar efectos perniciosos e inseguridad sobre el empleo y el mercado laboral" y porque "no es bueno seguir con procesos abiertos y con expectativas que no contribuyan a la mejora de la contratación".
La decisión no estaba contemplada por el propio Ejecutivo en días pasados. Tenía programadas para la próxima semana reuniones con los consejeros de las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP, CiU (Cataluña) y Coalición Canaria y con la Federación de Municipios y Provincias (FEM) para seguir debatiendo el texto de la reforma. Aparicio restó importancia a ese cambio de planes y aseguró que se proseguirá el debate, aunque la norma ya esté en vigor.
"La huelga general es ahora más necesaria que nunca". Con este argumento central contestaron ayer las organizaciones sindicales UGT y CC OO a la aprobación de urgencia de lo que denominaron "decretazo del Gobierno". El procedimiento elegido para sacar adelante estas medidas demuestra, según las centrales, que el Ejecutivo nunca tuvo voluntad de negociar, sino que contaba de antemano con la imposición de sus medidas. "El trámite de urgencia demuestra que el Gobierno desprecia el diálogo social", sentenció Toni Ferrer, de UGT.
Ambos sindicatos incidieron en que ninguna de las medidas aprobadas va a mejorar el empleo. Y desgranaron las consecuencias que, a su juicio, se derivarán de esos cambios: recorte de los derechos por desempleo, despido más fácil y barato y crecimiento de la contratación temporal. Esos recortes suponen una "gravísima reforma laboral" que sólo merece "una movilización", en palabras de Fernando Puig, responsable de Acción Sindical de CC OO.
