Baja la recaudación directa

EN CENTROAMÉRICA y Panamá la recaudación fiscal obtenida en los últimos años mediante un aumento de la tributación ha sido claramente menor, en comparación con la tributación directa.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señala que el aporte del impuesto aplicado a la renta en el Istmo contribuyó con poco más de 0, 5% de carga tributaria adicional para el período considerado, mientras que el impuesto al patrimonio redujo su importancia en poco más de 0, 1%.
Con esto, aduce el informe, el incremento neto de la imposición directa habría sido de 0, 4%.
En síntesis, se agrega que del modesto aumento de la carga tributaria (aproximadamente 1, 4%), un punto porcentual correspondió a la tributación indirecta y 0, 4 a la directa.
Dado este magro crecimiento, la carga tributaria de la región hoy día sigue siendo muy baja, equivalente a 12, 8% del PIB en 2004.
Además, el impuesto sobre la renta incluso ha caído, como proporción del PIB, en países como Honduras y Panamá (ver cuadro).
La debilidad del impuesto sobre la renta en los países centroamericanos tiene dos limitaciones.
Por una parte, el impuesto a la renta personal tiene un gran número de exenciones según fuente generadora (seguros, intereses, dividendos y otras rentas de capital), así como un amplio sector informal "con empresas de todo tamaño" que determina el hecho de que este impuesto sea pagado sobre todo por los trabajadores en relación de dependencia empleados en el sector formal.
Por otra, son amplias las exoneraciones sectoriales del impuesto a la renta de las empresas, aplicables en todos los casos a exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila, zonas francas y en varios el turismo, con lo que se excluye de la tributación directa a los sectores más dinámicos.
El estudio del ICEFI indica que se ha buscado compensar en parte la debilidad del impuesto sobre la renta mediante la aplicación de impuestos aplicados a ingresos brutos o a activos.
Este impuesto ha sido introducido en varios países para fortalecer la recaudación y administración tributaria con el fin de garantizar una mayor equidad. Ha sido parte de leyes de equidad fiscal o tributaria en Honduras y Nicaragua en el 2003 y de Panamá en el 2005.
Fue introducido previamente en Costa Rica (1995) y Guatemala (1998), en ambos casos con miras a cubrir empresas con privilegios de zonas francas, pero en los dos países luego fue declarado inconstitucional.
Este impuesto, se añade, ha demostrado su capacidad recaudadora en la región, pero también ha sido el tributo más polémico.
Sus defensores dicen que ante la debilidad del impuesto sobre la renta y de la facilidad con que es evadido o eludido por las empresas, se justifica un impuesto imperfecto pero efectivo que, en la medida en que sea bajo, no representa un costo exagerado para las empresas, especialmente si puede ser acreditado como parte del impuesto sobre la renta.
Al ser acreditado al impuesto sobre la renta, constituye una forma de no castigar a aquellas empresas que lo declaran y pagan, al tiempo que se reconoce que existen empresas que por la vía de la contabilidad falsa y la declaración de pérdidas intenta evadirlo. El supuesto de fondo es que varias empresas no declaran honestamente lo que perciben.
Por su parte, los críticos del impuesto a activos parten del supuesto implícito de que las empresas sí declaran sus pérdidas y ganancias reales, y destacan dos argumentos: es un impuesto que castiga a las empresas independientemente de su nivel de ganancias, y afecta en mayor grado a ciertos sectores que a otros, dependiendo de la importancia relativa de los activos o de las ventas brutas en cada sector.
En la práctica, se asegura que esta experiencia ilustra la dificultad de asegurar un impuesto efectivo sobre la renta de empresas, así como la falta de acuerdo con sectores empresariales y gubernamentales sobre la manera más práctica de hacer tributar a las empresas.