En medio de fuertes discusiones, representantes chiricanos del distrito del Barú se enfrentaron esta semana con el Gobierno, encarado por la ministra de trabajo Alma Cortés, a quien le mostraron su oposición al anteproyecto de ley 172, que promueve cambios fiscales y de tipo laboral para el sector.
El polémico anteproyecto de ley promete de parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) que en un término de 10 años la zona, que se ha caracterizado por conflictos entre trabajadores y empresas privadas, tendrá un pleno ambiente propicio para la atracción de inversiones que capearán la necesidad laboral de 20 mil desempleados que hay en el sector.
Las aspiraciones del MITRADEL se cumplirían al hacer un cambio en la normativa de los horarios del trabajo del área y el otorgamiento de incentivos fiscales para los inversionistas. En este último punto, los dirigentes del Barú ven un posible acuerdo, pero en lo laboral no están dispuestos a dar su brazo a torcer. La razón, indican, es que más que dar trabajos, la normativa dará esclavitud.
Por otra parte, el Gobierno intenta poner fin a la crisis económica que se apodera del Barú, producto de desacuerdos entre las empresas bananeras y sus trabajadores, y que ha requerido de un subsidio del Gobierno de 600 mil dólares.
La necesidad.En la mesa de discusión, la ministra Cortés destaca que no todo está escrito en piedra, pero añade que esta es la última oportunidad para el Barú, ya que el subsidio que reciben les será eliminado.
Las palabras de la titular del MITRADEL preocupan a Moisés Marín, representante de los desempleados del Barú, que pese a eso, pidió que el anteproyecto de ley sea retirado de la Asamblea y en su lugar, se fomente la Ley 19 del 4 de mayo de 2001, que crea un régimen especial fiscal y aduanero para el Barú.
“No entendemos por qué si tenemos una ley nos quieren imponer otra, en la anterior también hay incentivos fiscales, lo único nuevo en esta última es el sistema de esclavitud que habrá”, detalló Marín.
En la exposición de motivos del anteproyecto se explica que se fomenta una “legislación laboral que promueva el empleo y garantice la actividad empresarial las 24 horas al día, 7 días a la semana con una regulación de turnos y días de descanso variados (no necesariamente días domingos, o días de fiesta o duelo nacional) conforme acuerden las partes”.
La ministra Cortés expresa que es indispensable llegar a un acuerdo, ya que miles de personas esperan por trabajo en el Barú y que no dejará que nadie pase por arriba de eso. Añade que la normativa creará un ambiente más competitivo para la atracción de inversiones al sitio.
La comunidad, por su parte, dice Dinora Taylor, suplente de uno de los corregimientos del Barú, no quiere permanecer ajena al progreso, sino que requiere de cambios positivos, como lo es, detalla, “la inclusión de beneficios por mejor productividad para los trabajadores dentro del anteproyecto”.
En cambio, del otro lado del tema, las exoneraciones fiscales sí podrían encontrarse en un punto de conciliación.
Punto de encuentro.En relación con la parte fiscal, lo que promueve el anteproyecto es la adopción de la reglamentación de la Ley 41 de 20 de julio de 2004, que regula el Área Económica Especial de Panamá Pacífico y le da a esta exoneraciones de impuestos adicionales.
Al respecto, Leoncio Pifio Elizondro, miembro del Consejo Municipal del Barú, analiza el tema con cautela, ya que a su juicio, al quitarle los impuestos a las empresas, considera que se cortará el efectivo que pueda recibir el Municipio para las obras sociales.
Elizondro explica que el martes, cuando se reanude la discusión del anteproyecto en la Asamblea, los dirigentes políticos del Barú mantendrán una propuesta de que un 10% a un 15% del renglón de las inversiones de las empresas debe ser destinado para obras sociales a razón de la eliminación de sus impuestos.
