Las políticas públicas de apoyo a los biocarburantes son costosas, repercuten en los precios mundiales de los alimentos y su utilidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es limitada, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En un informe divulgado ayer, la OCDE que integra a 30 países, señaló que el coste de estas políticas públicas será de 25.000 millones de dólares anuales en 2015 en EE.UU., Canadá y la Unión Europea (UE), frente a los 11.000 millones de dólares 2006.
En la actualidad esas medidas son responsables de una reducción neta de menos del 1% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte.
Las políticas de apoyo a los biocarburantes cuestan entre 960 y 1.700 dólares por cada tonelada de gases de efecto invernadero ahorrado, indicó la que se conoce como el "Club de los países desarrollados".