La burocracia estatal que hace que un proyecto de construcción tarde hasta cinco años, solo en trámites para obtener los permisos de unas 22 instituciones, ha hecho que la mano de obra que este sector contrata se haya reducido considerablemente.
Así lo aseguró Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), quien añadió que hace dos años este sector contrataba unas 200 mil personas, pero hoy esa cantidad se ha reducido a 136 mil por esta situación.
Explicó que los funcionarios dilatan más el proceso porque tienen terror a firmar para no verse involucrados en un problema legal, aunque los papeles de las compañías promotoras estén en regla.
Esta lentitud, según Suárez, no les permite contratar personal, ya que la obra tarda en iniciar hasta 5 años, y además encarece los proyectos porque los bancos no desembolsan hasta que se comience a ejecutar el proyecto, por lo que los inversionistas deben sostenerlo hasta ese momento.
Por esta razón, no podrán seguir construyendo casas de 40 mil dólares y cada año seguirá pasando lo mismo si el Gobierno no agiliza los trámites.
"Existe un alejamiento continuo de la oferta y demanda", dijo Suárez.
En este sentido, Iván de Icaza, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), confirmó que la gran cantidad de trámites que hacen para sacar un permiso de construcción los afecta.
Comentó que lo más grave de todo es que muchos de estos trámites, "siendo justos y correctos", no son del todo necesarios.
"En los últimos años se ha dado una proliferación de nuevos trámites, que pareciera que las instituciones los han estado poniendo más que nada para generar ingresos para ellos y no porque sean necesarios", señaló el presidente de la Capac.
Agregó que cada uno de esos papeleos tiene costos que se suman al precio final de las viviendas, afectando, sobre todo, a las de interés social, las cuales se han dejado de construir por esto.
Esta situación también preocupa a la directora ejecutiva de Convivienda, la cual señala que "las viviendas de interés social podrían desaparecer, porque sumado al gasto por la lentitud de los trámites está el aumento del costo de la tierra, materiales de construcción y mano de obra".
Agregó que ha tenido conversaciones con todas las instituciones involucradas, pero el problema continúa.
Icaza, por su parte, resaltó que esta situación es terrible para la economía, porque muchas de esas obras que ya estarían en ejecución ni siquiera tiene fecha de inicio, porque los trámites demoran mucho.
Manifestó que esto es muy lamentable, sobre todo para un país que tiene un déficit habitacional que alcanza a más de 150 mil familias sin vivienda y que no se está atendiendo.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, la industria de la construcción es una de las actividades económicas que se está desacelerando.
Cifras
150 mil familias sin viviendas es el déficit de Panamá hasta 2015.
40 mil dólares es el costo de una vivienda de interés social.
136 mil personas contrata el sector construcción actualmente.
