Con la finalidad de blindar los casinos y la industria del juego de azar contra delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas y la Unidad de Análisis Financiero capacitaron a los colaboradores de los casinos sobre el contenido de la Ley 23.
Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia, hizo una presentación sobre la “Prevención del Blanqueo de Delitos en la Industria del Juego” en la que señaló que la Intendencia cumple con las funciones específicas de supervisar y evaluar a los Sujetos Obligados No Financieros, aplicar medidas y sanciones necesarias y ser un medio de apoyo permanente.
Pomares se refirió al artículo 53 de la Ley 23 que explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros están en el deber reportar, como depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo, cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas, cambio de cheques de gerencia, viajeros, órdenes de pago, librados al portador y compra y venta de moneda diferente a la de curso legal.
La debida diligencia del Cliente, actividad del registro y su resguardo, evaluación independiente, políticas de conocimiento del empleado, diseño de controles y obligación de capacitación, son aspectos primordiales que supervisa la Intendencia y que fueron ampliamente detallados por el expositor del MEF.
Entre los grupos que son sujetos a supervisión por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (MEF), destacó las inmobiliarias y sector construcción, casinos, bingos, zona franca y comercio exterior, hipódromos, entre otros.
Por su parte Yuleika Cárdenas, analista de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) agregó que en esta ocasión se busca difundir la plataforma UAF en línea, habilitada para los sujetos obligados que consiste en el envío de los formularios obligatorios de todos los sectores establecidos en la Ley 23 que deben entregar reportes de operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo.
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