La caída de Martinsa-Fadesa, una de las grandes inmobiliarias de España, que durante la semana presentó el llamado concurso voluntario de acreedores, que es lo que se conoce como suspensión de pagos, pone en evidencia la grave crisis que vive el sector de la construcción.
La empresa, agobiada por una deuda de más de 5.000 millones de euros, justificó su decisión por la falta de liquidez derivada de la crisis que atraviesa el sector, convirtiéndose así en la primera en la primera inmobiliaria español que cotiza en Bolsa que solicita el concurso voluntario de acreedores.
La suspensión de pagos va acompañada de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, según explicaron a Efe fuentes sindicales, afectará a 234 empleados de la promotora en toda España.
No serán los únicos afectados porque la compañía mantiene a día de hoy pendientes varias actuaciones, muchas de ellas en la provincia gallega de La Coruña, donde tiene su domicilio social y donde había proyectado una gran urbanización de 1.217 viviendas.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, hizo un llamamiento a la calma, al afirmar que "habrá que esperar" para ver cómo evoluciona la solicitud de concurso voluntario de acreedores presentada por la compañía.
Según el ministro de Trabajo, esa solicitud es una consecuencia de la actual situación del sector de la construcción, que emplea a muchos inmigrantes en todo el territorio español.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también se refirió hoy a este caso y lo hizo para asegurar que el Ejecutivo trabajará para atender a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo.
