El uso del capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo para atender inaplazables urgencias sociales, como los recursos de funcionamiento del Hospital Santo Tomás, se perfila como un hecho entre los miembros de la mayoría legislativa oficial. Según trascendió en el despacho del Presidente de la Asamblea Legislativa Enrique Garrido, el proyecto de ley que modificaría la ley y los decretos ejecutivos del Fondo Fiduciario se presentará muy pronto a primer debate en comisiones.
Los partidos que conforman la alianza legislativa estratégica de Unión por Panamá consideran que el proyecto presentado por Marcos González será el punto de partida para definir el nuevo rumbo del Fondo Fiduciario. Existe consenso en que se debe precisar con claridad en qué proyectos o programas de obras sociales podría invertirse el capital del Fondo y que por tanto deben darse las condiciones para realizar un amplio debate nacional, invitándose a miembros de la sociedad civil, vale decir, sindicatos, profesionales, gremios médicos, para que se identifique y se justifique con fundamento socioeconómico las obras que recibirían los recursos provenientes de la venta de empresas estatales.
El secretario general del PDC y legislador Rubén Arosemena adelantó que su grupo no apoyaría indiscriminadamente el referido proyecto y que demandaría una amplia deliberación sobre el uso específíco del Fondo.
Se conoce que el arnulfismo trabaja a través de sus comisiones en la selección de los proyectos de obras
sociales que se propondría en el primer debate del proyecto presentado por iniciativa personal de Marcos González. Un vocero de las comisiones conceptuó que el proyecto de ley es sólo un guión para empezar a trabajar en lo que será la nueva ley del Fondo Fiduciario.
Por otro lado, el nuevo gerente del Banco Nacional Bolívar Pariente informó que se revisará la relación de bancos extranjeros y nacionales en los que están depositados los recursos del Fondo y asimismo se ampliará el número de empresas administradoras.
Panamá no es el único país de la región que debate el uso de fondos provenientes de la privatización de empresas estatales. Perú habría gastado el 50 por ciento de US$ 8.627 millones de fondos de privatización, según reveló días atrás el presidente de la comisión de presupuesto del Congreso. Sectores de oposición han exigido al gobierno de Alberto Fujimori que informe cómo se ha gastado el dinero. El economista Alejandro Toledo, ex candidato presidencial, asegura que gran parte del dinero se habría dispuesto en pagos de la deuda externa. Sin embargo, el
Primer Vicepresidente de la República Ricardo Márquez refutó la aseveración, sosteniendo que los recursos no se han usado en pagos de la deuda externa sino en la lucha contra la pobreza, en obras de agua, desagüe, carreteras en pueblos apartados del interior del país.
Terció en el debate otro funcionario oficial pero con una opinión que aumentó las dudas sobre el empleo de los fondos. El jefe de la SUNAT, a cargo del cobro de impuestos, Luis Alberto Arias, reveló que los gastos corrientes del gobierno están creciendo a un ritmo del 1 por ciento del PBI, mientras los ingresos están cayendo, generándose una brecha que se está financiando con las reservas de dólares del Banco Central, que emite la moneda nacional. El diario opositor "La República" informa que se gastaron US$ 1.500 millones en compra de armamento de China Continental, Bielorrusia, Italia y otros países.
Por lo que se ve, en Perú, Brasil como en Panamá, las objeciones no apuntan al hecho específico del uso de los recursos del fondo de privatización sino en qué se gasta y cómo afectan los gastos al contexto de la economía. En Brasil se objeta que los fondos se utilicen en préstamos a empresas privadas, mas no se impugna su inversión en obras de desarrollo de las zonas económicamente deprimidas, como el nordeste, cuya agricultura es crónicamente afectada por la sequía. Centenares de miles de trabajadores hace poco afluyeron al palacio presidencial del Planalto, Brasilia, demandándole al gobierno de Fernando Henrique Cardoso partidas importantes para paliar la pobreza y también distribuir tierras a los agricultores, acompañando la repartición de parcelas con préstamos blandos de bancos estatales y asistencia técnica.
La situación no es muy distinta para los agricultores y ganaderos panameños acosados por la rebaja abrupta de aranceles de importación que profundiza el desempleo y la pobreza. Las angustiosas dificultades del gobierno de Moscoso para obtener recursos destinados al Hospital Santo Tomás y al equipamiento de varios hospitales que el anterior gobierno inauguró pero que no funcionan por carencias de equipamiento han creado una situación social favorable al uso del capital del Fondo Fiduciario, según testimonian encuestas por TV, radio y prensa escrita.
Se critica la concepción rentista de Pérez Balladares que es comparada a obligar a ahorrar a una persona gravemente enferma y medio muerta de hambre.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
