El gobernador del Potosí, Mario Virreira, rechazó ayer las demandas de grupos campesinos que protestan en la frontera con Chile y que la semana pasada incendiaron oficinas de una minera filial de la japonesa Sumitomo.
Los campesinos exigieron entre otras la concreción de tres proyectos eléctricos y que la empresa minera San Cristóbal pague un impuesto por el agua que consume.
Según el Gobernador, la mayoría de los proyectos eléctricos han avanzado según el cronograma de trabajo establecido, si bien reconoció un retraso en uno de ellos que espera corregir pronto.
San Cristóbal, que en el año 2008 pasó a propiedad de Sumitomo de manos de la estadounidense Apex Silver, explota plata en una de las minas más grandes a cielo abierto de Bolivia.
