Con condiciones de vida muy parecidas, en la mayoría de los casos, a lo que sería el tercer mundo, unos 12,611 privados de libertad, entre hombres y mujeres habitan en los centros penitenciarios de Panamá.
Esto tiene un costo para el Estado y para este año se destinarían al menos 62 millones de dólares en presupuesto para los centros penitenciarios, un 40% aproximadamente será para funcionamiento.
Los costos. Diariamente la persona privada de libertad representa un gasto solo en alimentación para el Estado de 5.37 dólares.
Esta inversión del Estado, si bien representa un sacrificio millonario en presupuesto estatal, no está cumpliendo la función de resocializar a todas las personas privadas de libertad.
A mediano plazo, lo que se espera es que en Panamá se copie el sistema modelo de resocialización que se usa en República Dominicana, en el que en más o menos un 10% de sus cárceles se ha aplicado, trayendo un 2% de reincidencia de la gente en actividades delictivas.
“En R. Dominicana no tienen recursos como nosotros, lo que han hecho es un sistema en el que el custodio es valorado, educado y tiene carrera, sabe sus derechos y conoce sus deberes, igual que la gente privada de libertad”, aporta Sharon Díaz, Jefa de la Oficina de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, quien vio el sistema dominicano.
Hace unos años, República Dominicana rozaba los 14 mil privados de libertad, y con estos números empezó una prueba de sistema carcelario que hoy es modelo en el mundo.
En tanto, en Panamá, reitera la criminóloga Aida Selles de Palacios, el cambio debe incluir en el interior del país, el dotar de partidas para construir “centros penitenciarios pequeños” y el ir “deshacinando” las cárceles de la ciudad con remodelaciones; además de dar a los procesos judiciales más rapidez.
Al respecto, el plan quinquenal de inversión estima que en los próximos años se invertirían al menos 207 millones de dólares, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia; 125 millones de dólares por medio de la Presidencia, a fin de construir nuevas infraestructuras para el sistema penitenciario.
Estas inversiones son esperadas con ansias por la población penitenciaria e incluso por los custodios y personal que trabaja en las mismas, ya que a ambos se les están violentando sus derechos humanos con las condiciones de hoy, cerró Leila Arosemena, encargada de Penitenciaria de la Comisión Nacional de Justicia y Paz.
Realidad. El margen de inseguridad surge cuando instituciones, como la Defensoría del Pueblo, cuantifican que al menos un 63% de las personas que componen la población penitenciaria están en proceso de recibir o no su condena; es decir, no es seguro que sean culpables; y solo un estimado de 35% sí está cumpliendo un castigo.
Para Arosemena, de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, con estas cifras caer en la cárcel es “un asunto de discriminación social”.
“En las cárceles lo que ves es gente de los barrios pobres, personas que muchas veces no reciben un trato adecuado por proceder de estos sectores”, comentó Arosemena, quien tiene seis años dedicada al tema de las cárceles.
Culpables o no, los privados de libertad, tanto hombres como mujeres, están viviendo una realidad de hacinamiento que los números retratan fácilmente.
Unas 12,611 personas conviven en espacios que son para 7,391 individuos, según el Ministerio de Gobierno y Justicia.
El por qué están ahí es, para la criminóloga Selles de Palacios, “un problema de vieja data”, la mora judicial, que tiene como conclusión el hacinamiento en los centros penitenciarios de gente que en su mayoría no está condenada.
“La alta población en los centros no se genera en el sistema, sino en el Ministerio Público, que no determina qué tipo de infractor es la persona y se abusa de la detención preventiva”, describe Selles de Palacios, encargada del Instituto Nacional de Criminología de la Universidad de Panamá.
En Panamá, el problema del hacinamiento en las cárceles y la mora judicial ha estado presente en estas últimas décadas, no es un tema de Gobiernos, sino de políticas de Estado. La conclusión del mismo es que los privados de libertad, tanto hombres como mujeres, le costarán al menos 27 millones 325 mil 24 dólares, a las arcas estatales, esto solo en presupuesto de funcionamiento, al 2011.
Más allá del dinero. La población penitenciaria permanece creciendo en Panamá. Los expertos consultados atribuyen esto a la reincidencia de las personas que entran y salen de estas cárceles porque se convierten más bien en depósitos que en centros de rehabilitación como tal. (Ver gráfico adjunto).
Allí adentro. Condenados y no condenados, funcionarios abnegados y otros que, quizás, no lo sean, emprenden, pese al escenario, algunos programas tangibles para intentar recuperar la mente y espíritu de los hombres y mujeres que entran a las cárceles. (Ver nota anexa).
La atención. En la Defensoría del Pueblo, Díaz, está consternada porque a cifras de esta institución, a agosto del 2010, un 22% de la población penitenciaria de Panamá, unas 12,120 personas, estaba en edades de entre 26 a los 30 años; un 17% tienen edades entre 31 a 35 años y un 12% va entre los 36 a 40 años.
“Son gente que está en edades productivas, que podrían estar trabajando o estudiando en las universidades del país”, describió Díaz.
Para Arosemena, de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la prioridad sería dentro de las cárceles, el poder hacer la clasificación adecuada que permita sacar del sistema a las personas que se comprueba no son culpables; o que por delitos menores puedan dárseles otro tipo de tratamiento.
“De lo que se habla es de hacer la separación correcta y el poder establecer el sistema abierto o semiabierto, cuestión de que los privados de libertad que realmente son peligrosos queden en el sistema cerrado”, comentó la criminóloga Selles de Palacios.
Hoy lo que tiene Panamá es un sistema cerrado y lo que se promueve en la región, desde hace décadas, es un sistema semiabierto y abierto, en el que los privados de libertad que sean escogidos bajo estrictos criterios técnicos no están 100% del tiempo en los centros, sino que están afuera en trabajos comunitarios y demás.
“El sistema abierto es más económico que el cerrado, pero para esto se necesita voluntad, una política de Estado que haga entender que el o la privado de libertad tiene derecho a la resocialización”, manifestó la especialista Selles de Palacios.
Más allá de un asunto de humanidad hacia el detenido, Díaz, de la Defensoría, reitera que el problema del hacinamiento tiene una fuerte influencia en toda la sociedad, ya que al salir estas personas, usualmente, salen van más consternados, con furia y frustración, lo que hace que reincidan.
