La Comisión Europea (CE) propuso ayer un nuevo sistema de concesión y gestión de autorizaciones de pesca, con el objetivo de mejorar la vigilancia tanto de las embarcaciones de la Unión Europea que pescan en aguas internacionales como de las flotas de países terceros que operan en la UE.
El Ejecutivo propone que todas las flotas europeas que lleven a cabo sus capturas fuera de las aguas comunitarias, con independencia del marco jurídico bajo el que se lleve a cabo la pesca, necesiten una autorización de las autoridades del país en el que la embarcación esté registrada.
Para obtener este permiso, los pesqueros deberán demostrar que cumplen con una serie de criterios que Bruselas considera esenciales, como tener una licencia pesquera válida, estar registrados en la Organización Marítima Internacional (OMI) y no haber cometido infracciones.
El Estado miembro en el que la embarcación esté registrada deberá revisar la información antes de conceder la autorización y tendrá que incluir los datos del pesquero en un registro oficial, todo ello bajo supervisión de la CE.
Con este sistema, que se enmarca en la nueva Política Pesquera Común, se busca que los pescadores europeos estén sujetos a las mismas normas y estándares al pescar dentro y fuera de las aguas de la UE, explicó la Comisión.
De esta manera, se aportará "claridad legal y justicia" al sector, incluso en los casos de licencias privadas o cambios de bandera.
Para el Ejecutivo comunitario, las medidas "facilitan la vigilancia y el mantenimiento de registros de las actividades de los buques europeos en el extranjero", lo que proporciona "evidentes ventajas" a la hora de hacer cumplir la normativa comunitaria de sostenibilidad.
La regulación propuesta por la CE también se aplicaría a embarcaciones de países terceros que pesquen en aguas comunitarias.
La propuesta deberá recibir el visto bueno del Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, algo que la Comisión confía que ocurra en 2017.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) anuló también ayer el acuerdo por el que la UE y Marruecos liberalizaron su comercio de productos agrícolas y pesqueros, al opinar que la Unión no verificó si la explotación de los recursos del Sáhara occidental tenía un impacto sobre la población de ese territorio.
La sentencia del Tribunal se refiere a una decisión del Consejo (países de la UE) de marzo de 2012, relativa a la conclusión de un acuerdo para la liberalización comercial recíproca entre los Veintiocho y Marruecos, en el ámbito de los productos agrícolas y pesqueros, según los representantes de la entidad.
Reacción
- Los jueces europeos consideran que el Consejo de la UE, cuando examinó los elementos en relación con el acuerdo, "debía asegurarse el mismo de que no había indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara occidental bajo control marroquí que pudiera hacerse en detrimento de sus habitantes y en violación de sus derechos".
