Tras la crisis financiera, la Unión Europea se enfrenta a una grave desaceleración económica que, sin duda, provocará un aumento del paro, advirtió ayer la Comisión Europea, que propuso recurrir a los fondos públicos, a escala nacional y comunitaria, para mitigarla.
El ejecutivo de la UE instó a los países a tomar medidas urgentes para estimular la demanda y el empleo, así como iniciativas para apoyar a las familias y a los más perjudicados por la crisis, y les pidió que lo hagan de manera coordinada.
Bruselas también aprovechó la ocasión para recordar al Banco Central Europeo que la política monetaria puede contribuir a incentivar la demanda, una vez que se han moderado las tensiones inflacionistas.
La Comisión presentará el próximo 26 de noviembre un "plan de recuperación" de amplio alcance, con medidas que pueden entrar en vigor rápidamente, para facilitar a Europa la vuelta al crecimiento, pero ayer ya adelantó algunas de sus propuestas.
"Nuestra prioridad es minimizar el impacto en los empleos, el poder de compra y la prosperidad de los ciudadanos", señaló en rueda de prensa el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Entre otras ideas, Bruselas plantea impulsar la inversión pública, para compensar la caída de la privada, con especial atención a las infraestructuras de transporte, energía y tecnología.
Para ello, los países pueden usar, en primer lugar, sus presupuestos nacionales, siempre dentro de las reglas del Pacto de Estabilidad -que establece que la política presupuestaria debe orientarse a la estabilidad y fija un límite del 3% del PIB para el déficit público-.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, incidió en que el Pacto ofrece la suficiente flexibilidad para responder a coyunturas difíciles como la actual, sobre todo tras el saneamiento llevado a cabo en la mayoría de países en la anterior fase de bonanza.
"Nos acercamos a una crisis profunda", ha reconocido Almunia, pero "partimos de la situación presupuestaria más saludable de los últimos diez años, con una media (de déficit público) cercana al equilibrio en la Eurozona y la UE.
Explicó que, en caso de que el déficit supere el umbral del 3% del PIB, la Comisión estudiará si se ha producido por "circunstancias excepcionales".
