La Comisión Europea (CE) defendió ayer su "independencia" en el caso de la investigación sobre las ventajas fiscales selectivas que ofrecen países como Luxemburgo y subrayó la voluntad de su presidente, Jean-Claude Juncker, originario de ese país, de combatir el fraude y la evasión de impuestos.
"Aplicamos la ley europea. No hay ningún problema ni contradicción. La CE es independiente y hacemos nuestro trabajo", indicó ayer la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la comisión.
Andreeva respondió así a una pregunta sobre cuál era la reacción de Juncker tras exigir el miércoles la CE a Luxemburgo recuperar hasta 30 millones de euros ($34,054,200) que el Gobierno que él dirigía anteriormente en su país natal había concedido a Fiat por medio de uno de estos acuerdos ventajosos e ilegales.
La comisión también pidió a Holanda recuperar la misma cantidad por un acuerdo fiscal similar concedido a Starbucks.
"Juncker, en sus directrices políticas de julio de 2014, señaló que quería hacer frente a la evasión y al fraude fiscales como una de sus principales prioridades", indicó la portavoz.
Aseguró que "hay una agenda sobre el asunto" en la CE, y que el Ejecutivo hizo una propuesta para el intercambio automático de tax rulings (resoluciones tributarias) en marzo y, para un plan de acción, en junio.
Andreeva afirmó además que, en su comparecencia el pasado 17 de septiembre ante la comisión especial de Fiscalidad del Parlamento Europeo que investiga el escándalo LuxLeaks, Juncker recalcó: "En mi vida he dado órdenes o instrucciones a la administración fiscal", recordó la portavoz.
El escándalo reveló los acuerdos secretos fiscales pactados entre Luxemburgo y casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, que permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos.
Juncker "aclaró el asunto en relación con su pasado y su futuro", agregó la portavoz.
Aseguró que en esa comparecencia clarificó que la comisaria europea "no necesita sus instrucciones".
Acción
- La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, tiene en la mira a República Checa, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Rumania y Suecia para llevarlos ante el Tribunal Europeo de Justicia.
- La Unión Europea llevará a tribunales a seis países por no poner sus leyes en consonancia con las normas de la UE para evitar que bancos quiebren y propicien crisis.
