En junio de 1999, el entonces legislador Arturo Vallarino presentó un proyecto de nuevo artículo en la ley de comunicaciones que, aparentemente, introducía alternativas a los servicios de telefonía celular con equipos y sistemas diferentes a los descritos por la ley.
Ante la reacción de las empresas BellSouth y Cable &Wireless , signatarias de contratos con el Estado para desarrollar la telefonía celular previo pago por los derechos, Mireya Moscoso, presidenta electa por esa época, rechazó el cambio de la ley, con el respaldo de varios dirigentes del Partido Arnulfista. A través de Bolívar Pariente, actual gerente del Banco Nacional y legislador arnulfista en el anterior período, la mandataria remarcó que su gobierno respetaría los contratos celebrados por las empresas, garantizando la seguridad y estabilidad jurídica del país.
BellSouth y Cable & Wireless advirtieron en esos momentos que podrían demandar al Estado si el mencionado artículo era aprobado, ya que con el mismo se violaban los contratos de concesión para operar las bandas A y B de telefonía celular, por los cuales ambas empresas habían pagado en conjunto más de 140 millones de dólares.
El abogado Carlos Cordero, representante legal de Cable & Wireless, en declaraciones periodísticas publicadas en 1999, enfatizó que el aparentemente inofensivo artículo constituiría una clara e indiscutible violación de las obligaciones contractuales del Estado, lo que acarrearía responsabilidades económicas a la República de Panamá.
Los pronunciamientos prosiguieron alrededor del cambio propuesto a la ley de telecomunicaciones. La Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher , quien exhortó a los legisladores a que tuvieran cuidado para que el Estado no fuera demandado si se aprobaran las reformas. El panorama técnico se aclaró cuando el entonces Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, José Guanti, manifestó por los medios de comunicación que el organismo se oponía a que dicho servicio se prestara sin pasar antes por una licitación pública , por cuanto esto significaría inseguridad jurídica. Indicó Guanti que el referido nuevo artículo tenía la finalidad de permitir que empresas prestatarias del servicio de teléfonos troncales y buscapersonas participaran irregularmente del mercado de telefonía celular.
Sin embargo, otros hechos señalaron que el intento frustrado de cambiar la legislación de comunicaciones seguía vivo.
A finales de 1998, la empresa de servicios troncales Ce Comunica inició trámites para reemplazar sus equipos de radio comunicación troncal por nuevos equipos Motorola IDEN.
Por esa misma fecha, el Ente Regulador dirigió una carta a la citada empresa y a todos los demás operadores del Servicio Troncal (201) , señalando que " no pueden utilizar para la presentación de este servicio equipos de conmutación y otros equipos que permitan la continuidad de la comunicación entre el usuario y la red a la que está conectado a través de repetidoras distintas ( " hand- off") . Asimismo el Ente Regulador remarcó en la citada carta que el incumplimiento de esta prohibición " se entenderá como un incumplimiento en materia de telecomunicaciones, al tenor de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 56 de la ley No.31 de 8 de febrero de 1996, sujeto a multa de mil balboas hasta un millón de balboas.
Con el cambio del director presidente del Ente Regulador nuevamente se abrió a discusión el caso IDEN al iniciar Cellular Comunications of Panamá, hoy en día denominada Tricom de Panamá S.A. la compra de derechos de frecuencia a operadores del servicio de radio troncal por aproximadamente US$ 25 mil cada una, suma que llegaría a US$ 5 millones al requerirse 200 frecuencias para poder operar el sistema IDEN , según expertos.
En agosto de 2000, Cable & Wireless y BellSouth hicieron una presentación formal al Ente Regulador objetando tecnicamente la utilización del servicio radio troncal. El ingeniero Alex Arroyo, presidente del Ente, después de dichas presentaciones, manifestó que se respetaría el fiel cumplimiento de la legislación y regulaciones vigentes en materia de telecomunicaciones.
Tricom siguió comprando frecuencias radio troncales, limitándose el Ente Regulador a expresar advertencias generales en sus resoluciones de aprobación de traspaso de las autorizaciones de uso de frecuencias troncales. Luego Tricom informó en conferencia de prensa el 27 de setiembre su acuerdo con Motorola para suministrar servicio telefónico inalámbrico iDEN para la región centroamericana. Se indicaba que el sistema ofrece servicio celular y de radio comunicación de dos vías y se instalaría inicialmente en Panamá.
El 19 de octubre del mismo año Tricom anunció que ha obtenido concesiones del servicio radio troncal ( Enhanced Specialized Mobile Radio) en Guatemala, El Salvador y Panamá, y que " estas concesiones son la base para nuestra expansión estratégica en Centro Ampérica".
Al advertir los avances en las concesiones de radios troncales, Cable & Wireless y BellSouth solicitaron entrevista con la Presidenta de la República , pero se les dijo que primero debían reunirse con la Ministra de la Presidencia y el Ministro de Gobierno y Justicia. Posteriormente tuvo lugar la reunión con la Ministra de la Presidencia, el Ministro de Economía y Finanzas y Alex Arroyo en la presidencia. A pesar de las reuniones, el panorama de las telecomunicaciones no se ha despejado por completo.
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