Una propuesta para mediar y solucionar el denominado diferendo comercial existente con la Unión Europea (UE), producto del régimen de importación de banano, que se encuentra en vigencia en este continente presentaron los gobiernos centroamericanos.
Según se conoció, los gobiernos de Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua presentaron recientemente al representante adjunto de la Comisión Europea (CE) Bermhard Zepetr, una propuesta a fin de acabar con la diferencia comercial, la cual en más de una ocasión ha sido severamente cuestionado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta solicitud se hizo efectivo a través de los representantes de los países centroamericanos y de Panamá, quienes plantearon la posición respectiva de sus gobiernos.
A finales del pasado mes de octubre los representantes de los gobiernos de Panamá, Guatemala y Honduras, a los que posteriormente se les unió su homólogo de Nicaragua ante las comunidades europeas, mantuvieron reuniones bilaterales con representantes de los Gabinetes de los Comisionarios de Comercio Exterior, Mercados Internos, Relaciones Exteriores, Desarrollo y Ayuda Humanitaria; de las representaciones Permanentes ante la UE de Alemania, Francia, España, Portugal y Finlandia, que culminaron con la reunión en la que se hizo entrega formal de la propuesta de los países de la región al secretario Zepter.
La petición de los países latinoamericanos está basada en el régimen contingente arancelarios con tramos de este renglón.
De acuerdo a informes obtenidos, un primer tramo de 2.6 a 2.8 millones de toneladas en las que se esperaría un mínimo arancel para todos los productores locales de esta cotizada fruta y que debería ser administrado por el régimen de licencias de importación establecido por un período histórico pre-93 y con una definición de operador similar al definido en la regulación de este tramo de acuerdo a la producción y al incremento del mercado comunitario.
El subsiguiente tramo arancelario sería de por lo menos 750,000 toneladas en las que los productores pagaría por un arancel cero, mientras que los no-ACP, es decir, Latino América tendrían que cancelar un pago de casi 115 euros.
Este tramo estaría administrado por un régimen de licencias de importación basado en un período histórico post-94.
Para ambos tramos, se otorgaría un 3% de las licencias en ambos para los nuevos operadores.
Actualmente el gobierno de Ecuador mantiene una postura similar a los de la región de Centroamérica, y adelantó que sí la UE no escucha la petición podría demandar legalmente a este organismo.
