Existe una amenaza latente a la que tanto consumidores como empresarios están expuestos. Esa “espada de Damocles” es el ciberterrorismo que está tomando cada vez más fuerza alrededor del mundo, y las cifras de afectaciones por año superan los miles de millones.
Sin embargo, debido al peligro inminente, en Panamá ya se trabaja en una actualización de la legislación existente sobre el cibercrimen y el ciberterrorismo.
Esta forma de delito, en la que actúan los llamados “hackers” o los piratas informáticos, con los años se ha ido incrementando.
Una empresa o institución panameña, de no protegerse, podría tener pérdidas entre diez mil y 20 mil dólares aproximadamente, por día, según Dionis Sánchez, director nacional de Tecnología y Transformación de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Para prevenir cualquier ataque, Panamá cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, y con la participación de entidades gubernamentales como la AIG, y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Cibernéticos, ha comenzado a levantar el borrador sobre la “Ley de delito cibernético”.
Sánchez acotó que esta iniciativa forma parte de una hoja de ruta en la que se establece la estrategia nacional de ciberseguridad, la política de cibercrimen, la creación de los Centro de Respuestas de Seguridad Cibernética de Panamá (CSIRT), la prevención del delito cibernético, además de la ley en sí.
Estadísticas.
Sánchez puntualizó que en el último reporte que manejan Scotland Yard, la Oficina Federal de Investigación y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se pudo conocer que solamente el 3% de los ataques son reportados a través de los estamentos que tienen que administrar justicia.
De ese 3%, indicó que se reportaron pérdidas, entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, tan solo en el pasado mes de diciembre.
Anteriormente, los piratas (hackers) entraban a los sistemas, como páginas web, y los modificaban; empero, actualmente están realizando desde robo de identidades, hasta chantajes a particulares y compañías sobre información recopilada en ataques cibernéticos.
