La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), informó ayer que las denuncias de abusos cometidos supuestamente por algunos colegios particulares del país en contra de los padres de familia llegaron a su límite y anunció que en los próximos días se le abrirá un proceso sancionador a unas cinco escuelas que insisten en incumplir con las normas establecidas en la Ley 29 de 1996, que regula la libre competencia en el país.
De acuerdo a Carles, a pesar de que en el país operan alrededor de 423 escuelas particulares, cerca del 90% de las 110 denuncias presentadas ante la CLICAC sobre irregularidades cometidas por algunos centros de enseñanza son en contra de The Oxford International School (que encabeza la lista), el Instituto Cultural Bilingüe, el IJA, el Instituto Enrico Fermi y el colegio St. George.
Entre las más de 25 quejas presentadas ante la CLICAC contra los centros educativos particulares se destacan la prohibición de asociaciones de padres de familia, el cobro de paquetes de libros que nunca se llegan a entregar en su totalidad, la venta exclusiva de uniformes y el cobro de las mensualidades en efectivo, sin aceptar cheques.
Asimismo se denunció el cobro de cuotas extraordinarias de matrícula, el cobro de cuotas para la construcción de piscinas y gimnasios y el aumento de las mensualidades bajo el pretexto de mejorar el salario de los profesores; sin embargo, esto nunca sucede, se subrayó. Según Carles, la CLICAC hará cumplir la Ley 29 y aplicará las sanciones que sean necesarias, "porque esta gente sigue incumpliendo y las denuncias continúan recibiéndose en la institución", a la vez que agregó que ha enviado sendas notas a los ministerios de Comercio e Industrias y Economía y Finanzas para que investiguen y supervisen el buen uso de las licencias comerciales.
Explicó que esto se debe a que no es legal que un colegio que tiene permiso para educar esté lucrando de actividades mercantilistas, sin pagar los impuestos correspondientes.
Agregó que además la CLICAC iniciará una campaña para exigir que antes de comenzar el periodo de matrícula los padres de familia firmen un contrato donde las escuelas establezcan, desde el principio, el precio de ésta, las mensualidades, si se pedirá cobros extraordinarios, así como el valor de los textos y los uniformes.
Carles enfatizó que la entidad "ha perdido tres años con los colegios particulares y todavía sus dueños no quieren entender que las reglas del juego de hoy son diferentes a las que existían cuando ellos iniciaron sus actividades".
Las declaraciones de Carles se dieron en el marco de una reunión sostenida con los directivos de la Federación de Educación Católica de Panamá (FECAP), donde se aclaró que estos centros educativos no han recibido ninguna denuncia por abusos contra los padres de familia.
En este sentido, Sixto Villa, director del Colegio La Salle, y vicepresidente de FECAP, enfatizó que estos colegios siguen principios religiosos y en ninguna forma abusan de los acudientes o los estudiantes.
Recordó que las escuelas católicas son entidades dedicadas a la educación, sin ningún propósito de lucro o de ganancia, porque si así fuera "ya tendrían más de 20 sucursales en todo el país.
Actualmente la FECAP está integrada por unos 25 colegios, 16 de ellos en la provincia de Panamá, uno en Herrera, uno en Bocas del Toro, tres en Chiriquí y cinco en Colón.
