El gobierno panameño debe estar consciente del impacto y los estragos que significaría para Panamá cualquier tipo de negociación, conversación, consulta, tratado o similar, con cualesquiera naciones que tengan por objeto suministrar información de carácter fiscal o tributario a favor de éstas.
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá envió un detallado y comprensivo informe de siete páginas al Ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán, en donde hace estos señalamientos.
El rechazo del Colegio Nacional de Abogados tiene sustento en los antecedentes de la propuesta hecha por los representantes del gobierno de los Estados Unidos de América; y en el contenido en el documento denominado Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria y los beneficios o ventajas y perjuicios o desventajas de celebrar acuerdos como el propuesto por los Estados Unidos de América.
El Colegio Nacional de Abogados inicia sus señalamientos en las acciones penales para quienes violen los artículos 89 y 93 del Código de Comercio, que coinciden en castigar, vía estrados judiciales, a cualesquiera sociedad anónima u operador de esos servicios que intente sacar del país libros de contabilidad, correspondencia y demás documentos que el comerciante debe conservar. Se castiga penalmente también el trasiego de cualesquiera fotocopia con intenciones de ser usada en el exterior.
Al respecto, hay jurisprudencia previa sobre la fortaleza del Código de Comercio en este sentido, jurisprudencia que, tras un litigio de bancos de ultramar, se intentó, sin efecto, recabar más pruebas de su sucursal aquí, no sin antes conseguir el visto bueno de la autoridad panameña correspondiente.
"...El tema a resaltar es la acción y posición asumida por el Gobierno de Panamá de aquel entonces (1961) presidido por Roberto F. Chiari en el sentido de no acceder a los requerimientos hechos por autoridades de otros países para la obtención y suministro de pruebas a ser utilizadas en el extranjero."
En palabras más explícitas, cualquier tipo de tratado de intercambio de información tributaria chocaría con una serie de leyes de la República estructuradas sesudamente por los gobiernos pasados y actualmente en vigencia, al tiempo que atentaría contra el país como nación soberana.
Estados Unidos no ha perdido ocasión ni tiempo para extraerle a Panamá un Tratado de Intercambio de Información Tributaria. En 1984 al socaire de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el expresidente Ricardo de la Espriella reaccionó rápidamente para detener una intentona estadounidense similar a la actual.
Seis años después, a inicios de los años noventa, el expresidente Guillermo Endada tuvo también que actuar en rechazo, como fue presentado, del Tratado de Asistencia Legal Mutua en cuyo interior planteaba también la inserción de intercambio de información tributaria requerida en acatamiento de órdenes de autoridades extranjeras.
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