La concesión administrativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha entrado en un período de consultas en el que el gobierno trata de conocer las opiniones de la sociedad organizada del país, sin embargo para el presidente de la Comisión para la Participación del Sector Privado en el IDAAN, Rafael Mezquita, todavía esta se mantiene como la mejor alternativa para la institución.
Para Mezquita, la opción que han planteado algunos políticos de tomar los fondos de las otras privatizaciones para invertirlos en el IDAAN no es viable, porque para poder hacer esto, a su juicio, primero se deben resolver los graves problemas técnicos y administrativos que existen, "porque de lo contrario se tiraría el dinero a la alcantarilla".
Destacó que cuando el IDAAN sea un empresa eficiente desde el punto de vista comercial, llegarán recursos de cualquier parte del mundo, "porque los bancos están para invertir su capital en buenos proyectos".
Por lo tanto, las dificultades de la entidad no se deben a la falta de financiamiento, sino a sus deficientes sistemas internos que le impiden generar los recursos que necesita para cumplir con el objetivo por la que fue creada.
Según el funcionario, lamentablemente el gobierno no está en la capacidad de cumplir con esta tarea, porque a diferencia del canal, que tiene con un título constitucional y su propio sistema jurídico, el IDAAN se maneja como el resto de las empresas públicas, por lo que no cuenta con los fondos necesarios para pagarle un buen sueldo a sus empleados ocasionando que en la actualidad únicamente se tengan los servicios de un solo ingeniero sanitario.
Explicó que el déficit de capital de la institución se originó debido a que el crecimiento de la clientela y la demanda de agua no ha sido proporcional con la cantidad de facturaciones y en estos momentos solamente se cobra el 50% de las cuentas.
Mezquita agregó además que el sistema de alcantarillado, que es el principal problema del IDAAN no se ha podido enfrentar, sobre todo porque sus inversiones dependen de decisiones gubernamentales.
Esto ha provocado que las partidas que se le asignan vayan "etiquetadas" por legisladores y los directores de diversas entidades, quienes piden que las obras se ejecuten en los lugares en las que tienen sus votantes y no donde verdaderamente se necesitan.
Por ello, existen comunidades en las que si sus representantes o legisladores no tienen suficiente fuerza política, estarán destinadas a permanecer sin agua y servicios de alcantarillados por muchos años.
